El Gobierno nacional comenzará a retirar en las próximas horas los refuerzos de seguridad enviados a Santa Fe en el marco del conflicto policial que impactó en Rosario y el Gran Rosario. La decisión se apoya en el anuncio de recomposición salarial realizado por el gobernador Maximiliano Pullaro, medida que permitió destrabar la protesta y recuperar niveles de operatividad en la provincia.

De todos modos, en el Ejecutivo reconocen que la situación dejó un capítulo abierto: el estado de ánimo y el frente salarial de las fuerzas federales. En la Casa Rosada admiten que el vínculo con los uniformados no atraviesa su mejor momento y describen el panorama remunerativo como "delicado", en un contexto donde ya se analizan correcciones en el mediano plazo, similares al esquema que se evalúa para las Fuerzas Armadas.

El despliegue extraordinario incluyó efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), la Prefectura Naval Argentina (PNA) y la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). Durante la crisis, los federales pasaron a cubrir 16 zonas en Rosario y el Gran Rosario. Habitualmente, en el marco del Plan Bandera, su presencia se concentra en ocho sectores considerados de mayor conflictividad por los indicadores delictivos.

Según fuentes oficiales, los refuerzos provinieron de unidades de reserva que ya estaban apostadas en Rosario, lo que implicó -según admiten en Balcarce 50- una sobrecarga operativa. En ese sentido, anticiparon que, una vez normalizada la situación, los efectivos recibirán dos días de descanso y el pago de horas extra. "Todas las unidades estuvieron en la calle", resumieron en el entorno gubernamental.

El conflicto en Santa Fe también encendió alertas dentro del oficialismo. En el círculo cercano al Presidente señalan que el episodio expuso un malestar que excede a una provincia. Un caso reciente volvió a poner el tema en agenda: la semana pasada, un suboficial de la PFA se encadenó a las rejas de la Casa Rosada para visibilizar reclamos vinculados al salario.

En distintos sectores del Gobierno aseguran que la recomposición salarial para las fuerzas está en evaluación, pero destacan que depende del visto bueno del Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, por el impacto presupuestario. "Lo tenemos que hacer, pero necesitamos que nos aprueben los fondos", señalan en despachos oficiales.

La salida progresiva del operativo en Santa Fe también se apoya en el compromiso del gobierno provincial de recomponer salarios, retroceder con sanciones administrativas y mejorar la operatividad. Sin embargo, en Balcarce 50 advierten que varios gobernadores ya se comunicaron con interlocutores nacionales ante el temor de un "efecto contagio" en otras jurisdicciones.

En el entorno presidencial no pierden de vista antecedentes de protestas y levantamientos policiales ocurridos en distintas provincias años atrás. Por eso, el mensaje interno es claro: la situación debe descomprimirse sin abrir un frente más amplio. "No puede escalar", repiten cerca del Ejecutivo.