Por orden del juez federal Adrián González Charvay, personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó un nuevo operativo en el Aeropuerto de San Fernando en busca de información sobre vuelos relacionados con la mansión de Pilar atribuida a Pablo Toviggino. El procedimiento se concentró en el hangar de la empresa Flyzar, donde los agentes buscaron documentación considerada clave para el expediente.

Según lo relevado, el objetivo inmediato fue obtener órdenes de vuelo y listados de pasajeros, elementos que podrían permitir reconstruir con precisión quiénes se trasladaron hacia la propiedad ubicada en Villa Rosa. En el lugar, los efectivos fueron recibidos por Felipe Carmona Natta, quien entregó la documentación requerida por la Justicia.

Se trata del segundo operativo en el mismo punto. El primero, realizado el 30 de enero, incluyó la búsqueda de registros de vuelos, seguros de helicópteros, órdenes de vuelo y nóminas de pilotos que habrían operado hacia la mansión. La reiteración de la medida muestra que la investigación intenta cerrar un vacío central: la falta de registros formales sobre quiénes viajaban y qué se transportaba en esos movimientos aéreos.

El foco de la causa está puesto en determinar la titularidad real de la vivienda y el origen de los fondos utilizados para adquirirla. La propiedad figura a nombre de Real Central S.R.L., con Luciano Pantano y Ana Lucía Conte como titulares formales. De acuerdo con los papeles del caso, la compra se habría concretado en mayo de 2024 por 1.800.000 dólares, mientras que una tasación oficial la ubica en torno a los 17 millones, una brecha que alimenta la sospecha de que podrían existir prestanombres o financiamiento no justificado.

Además, la investigación busca establecer si hubo pasajeros frecuentes ligados a la dirigencia del fútbol y si se movieron bienes o dinero de manera irregular. En esa línea, una de las hipótesis es que la mansión haya sido punto de encuentro o logística, algo que -de comprobarse- cambiaría el peso del expediente, hoy centrado en patrimonio y trazabilidad de fondos.

La causa tuvo un recorrido judicial intenso: comenzó por impulso de la Coalición Cívica en el juzgado de Daniel Rafecas, luego pasó por el fuero Penal Económico con Marcelo Aguinsky y finalmente recaló en Campana, un cambio de jurisdicción que generó controversia por su impacto en la estrategia procesal y el avance de medidas.

En ese tramo anterior, Aguinsky ya había tomado declaración a dos pilotos que realizaron viajes hacia la propiedad: uno intentó encuadrar sus visitas como "vuelos de entrenamiento" y ambos negaron haber transportado bultos o paquetes. Sin embargo, los investigadores detectaron que, entre los dos, sumaron más de 60 viajes a la misma dirección. También se les exhibieron fotos para intentar identificar a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como Claudio "Chiqui" Tapia, pero dijeron no poder reconocerlos, lo que sumó dudas por la ausencia -hasta ahora- de listados de pasajeros y registros de carga.

Con el nuevo material obtenido en San Fernando, la expectativa judicial es cruzar planillas, órdenes y datos operativos para reconstruir el circuito completo: frecuencia, horarios, pilotos, pasajeros, y eventualmente cualquier patrón que permita inferir si los vuelos tuvieron un fin meramente recreativo o si respondieron a una operatoria organizada.