El Gobierno mantiene las negociaciones con las provincias por la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades que propone el proyecto de reforma laboral y que afectaría la recaudación de recursos coparticipables. Aunque hay gobernadores que apoyan la medida, hay otros que marcaron un límite, mientras que el oficialismo no tiene previsto efectuar cambios inminentes en la iniciativa.

"Por el momento no está previsto ceder cosas", indicó una voz oficial a TN sobre la posibilidad de modificar los artículos tributarios de la modernización laboral. Según pudo saber este medio, la decisión de no llevar a cabo cambios en el dictamen que desembarcará en el Senado se basa en "mejorar la competitividad argentina".

No obstante, hay otra parte del Gobierno que no le cierra la puerta a los cambios. "Está en discusión. Todo el resto está bien; los gobernadores lo que no quieren es lo de Ganancias", indicó otra fuente oficial, al tanto de las negociaciones.

Reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, encabezada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Cabe destacar que el oficialismo quiere mantener la reducción de Ganancias porque la medida mejoraría la rentabilidad empresarial, incentivaría la inversión privada y ayudaría a sostener la modernización social. En específico, el artículo en cuestión prevé bajar Ganancias para el tramo 2 y 3. En el primer caso se pretende pasar de una alícuota del 30% al 27% y en el segundo del 35% al 31,5%.

Eso implicaría una menor recaudación para las provincias. Por ejemplo, del total de baja proyectada de recaudación de $3,1 billones, $1,7 billones corresponden a las provincias por la aplicación de la ley de Coparticipación Federal. En promedio simple mensual, las provincias recibirían durante todo el 2026 $144.000 millones menos por mes.

Las tres provincias más afectadas:

    Provincia de Buenos Aires: recibiría $30.546 millones menos mensualmente
    Santa Fe: recibiría $12.391 millones menos mensualmente
    Córdoba: $12.103 millones menos mensualmente 

Frente a este escenario, se está conversando la posibilidad de que dentro del recinto el proyecto cambie algunas cosas. "Quizás se implementa una nueva escala, pero la reducción en sí entiendo que quedaría", dijo una fuente legislativa que dialoga con el Ejecutivo. Y aclaró: "Algo de alivio a las empresas más pequeñas al menos se quiere aportar".

Además, de esta manera el oficialismo lograría que la reforma laboral llegue al Senado como lo determinó el dictamen y -en el hipotético caso- los gobernadores buscarán los votos para lograr que en la votación en particular haya modificaciones.

A pesar de ello, en La Libertad Avanza son cautelosos. "Todavía no llegamos a esa instancia", expresó una alta fuente consultada. Otra, del mismo rango, sumó: "Seguimos trabajando con los gobernadores para mantener esos artículos".

La postura de los gobernadores del norte

Este jueves, Diego Santilli, ministro del Interior, se reunió con Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca).

Los tres plantearon la necesidad de "revisar el capítulo fiscal de la reforma laboral por el impacto directo que puede tener en los recursos de las provincias y el sostenimiento de servicios esenciales".

Hay posibilidades de que los cambios que quieren los dialoguistas en la reforma laboral se den en medio del debate en el recinto. 

Aunque los tres mantienen el diálogo con Nación, el entorno de ellos aseguró que los mandatarios defenderán un esquema fiscal equilibrado. "Mientras aparezca la plata, habrá apoyo. Pero si la provincia pierde coparticipación, será un no", indicó otro colaborador de uno de los gobiernos provinciales. Y agregó: "No apoyamos nada que damnifique a los trabajadores ni ahogue la provincia".

Los tres jefes provinciales norteños tienen senadores en el Congreso que serán clave para aprobar -o no- la reforma. En Casa Rosada relativizan este poder: "Los gobernadores norteños determinan todos los votos"

El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento de impuestos a los combustibles

Economía & Negocios

Es por los aumentos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.