La investigación judicial que tiene bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas sumó un elemento: la Justicia comprobó la existencia de una estructura organizada destinada a borrar pruebas clave antes de los allanamientos que se dieron en el marco de la causa por presunto lavado de dinero.

Según la prueba recabada por la Policía Federal, el esquema incluyó el borrado de cámaras de seguridad, el retiro de dinero, el formateo de computadoras, la desconexión de sistemas y el ocultamiento de documentación y dispositivos electrónicos.

La maniobra fue detectada en el marco de la investigación que encabezan el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal federal Cecilia Incardona, quienes avanzan sobre el funcionamiento interno de Sur Finanzas y el rol de sus principales responsables. El expediente involucra a Ariel Vallejo, empresario con vínculos con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y a su entorno más cercano dentro de la firma.

El entorno de Vallejo dice que él no dio ninguna orden para destruir ni eliminar nada. "Menos aún después del allanamiento porque se llevaron todo", aseguran.

Respecto de algunos de los empleados que pudieron haber hecho algo por sí solos, están comprendidos dentro de la protección que el Código Penal la prohibición de autoincriminarse que te permiten eliminar las pruebas que te pueden comprometer en caso de ser imputado.

Sur Finanzas: la Justicia comprobó que existió una organización para borrar cámaras y retirar dinero

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, las acciones para eliminar evidencia comenzaron el 1 de diciembre de 2025 y se extendieron al menos hasta el 11 de ese mes. La causa detalla una serie de comunicaciones internas que muestran órdenes precisas, roles asignados y una cadena de mando orientada a sustraer información del alcance de las autoridades judiciales.

Uno de los episodios centrales involucra a Daniela Sánchez, secretaria de Ariel Vallejo. El 1 de diciembre de 2025, a las 00.51, le envió un mensaje a Micaela Sánchez, tesorera de Sur Finanzas, con instrucciones concretas. En ese intercambio, le ordena que un tal Enrique "vaya a recaudar dinero" y que le diga a Agustín que "borre las cámaras".

Además, le pide a Micaela Sánchez que "Juan", del área de sistemas, "se quede en su casa", lo que, según consta en el expediente, implicaba apartarlo de cualquier intervención durante esas horas clave.

Otro punto relevante es el rol de la secretaria ejecutiva Nahiara Gamarra. En la causa se registran comunicaciones que, de acuerdo a la Policía, denotan una relación de poder respecto de Micaela Sánchez, lo que refuerza la hipótesis de una estructura jerárquica organizada para ejecutar las maniobras de ocultamiento.

La investigación también detalla el accionar de Susana Hoffmann, jefa de Recursos Humanos de Sur Finanzas. El mismo 1 de diciembre de 2025, Hoffmann le envió un mensaje a "Juan Soler" para que "ingrese a las computadoras de los cajeros y desconecten los programas", una orden directa orientada a inutilizar los sistemas informáticos de la empresa.

Uno de los allanamientos en la sede de Sur Finanzas.

El 6 de diciembre de 2025 surge otro intercambio significativo. Cecilia, cajera de Sur Finanzas, le escribe a Micaela Sánchez: "Acordate que tengo eso. Vos después decime qué hago?". Ante la consulta de Sánchez -"¿qué te había dado?"-, Cecilia responde: "Dos cuadernos. Están bien guardados". Ese mensaje quedó incorporado al expediente como indicio del resguardo deliberado de documentación fuera del circuito formal.

Cinco días después, el 11 de diciembre de 2025, Micaela Sánchez volvió a comunicarse con "Juan", del área de Sistemas, para informarle que "en un rato va a ir a buscar los CPU al depósito". Según la información recolectada por la Policía, se destaca en este punto la mención explícita al ocultamiento de computadoras y teléfonos celulares, elementos que habrían sido puestos fuera del alcance de las autoridades que realizaban las diligencias judiciales.

La causa también identifica a Agustín Maciel, quien el 1 de diciembre de 2025 eliminó registros fílmicos, una acción que se vincula directamente con el borrado de cámaras de seguridad mencionado en las comunicaciones previas.

Finalmente, el expediente incorpora un mensaje enviado el 6 de diciembre de 2025 por Rolando Soloaga, jefe de choferes de Sur Finanzas, en un grupo interno de trabajadores. En ese texto, Soloaga informa que, "a pedido del jefe", se realizarían guardias en el estacionamiento para "que vean que estemos y no se roben nada", además de tareas de limpieza y retiro de ploteos de las camionetas de la empresa.

Estas evidencias se suman a una investigación más amplia por presunto lavado de activos, que incluye el análisis de cerca de 40 teléfonos celulares secuestrados, préstamos inflados, movimientos millonarios en efectivo y transferencias virtuales, además de la presunta utilización de monotributistas sin capacidad económica real.