El oficialismo estima que sus alianzas ya le aseguran la mayoría mínima para aprobarla. El capítulo impositivo, la gran duda. Presiones cruzadas en la CGT
El gobierno de Javier Milei ve con optimismo el inminente debate sobre la reforma laboral en el Senado, donde La Libertad Avanza (LLA) calcula que ya tiene los votos suficientes para aprobar el proyecto en general entre el 11 y el 12 de febrero, mientras que en la CGT hay líneas internas que ya empezaron a presionar para convocar a un paro nacional antes de la sesión.
Patricia Bullrich, jefa del bloque LLA, encabeza por estos días las reuniones de la mesa técnica que analiza el proyecto de "modernización laboral", recoge sugerencias de los potenciales aliados y hace el "poroteo" de votos. Tiene previsto reunir a toda la bancada oficialista la semana que viene, según contaron a iProfesionalen el oficialismo, para definir los pasos concretos hacia la votación.
"Lo demás, de la mano de (Diego) Santilli", apuntan las fuentes sobre el rol también central del ministro del Interior, que recorre las provincias en busca de acuerdos con los gobernadores. Los senadores más alineados con los jefes provinciales son la llave para que el oficialismo apruebe la iniciativa -que modifica vacaciones, salarios e indemnizaciones- y la gire a Diputados.
En la bancada oficialista comentan que "internamente hay optimismo", aunque moderado, por experiencia. Creen que ya cuentan con el piso de 37 votos que necesitan para aprobar el proyecto en general, aunque saben que la votación particular de cada capítulo es otro escenario, donde inciden más los planteos concretos de cada sector o provincia.
Las dudas siguen girando sobre el capítulo impositivo que algunos gobernadores resisten y tratan de negociar, porque rebaja impuestos coparticipables y le cuesta a las provincias alrededor de $1 billón. Bullrich cree que se pueden sacar del texto los artículos más conflictivos (como el que rebaja Ganancias para sociedades) para no trabar la aprobación, pero la Casa Rosada no quiere y Santilli piensa que se puede acordar algún tipo de compensación, según supo este medio.
Esta semana el ministro del Interior se reunió con el salteño Gustavo Sáenz y el neuquino Rolando Figueroa, que manejan dos votos valiosos en un Senado muy fragmentado. En principio, se llevó el acompañamiento de ambos para la reforma laboral y, según trascendió, no hubo tensión por el capítulo impositivo. Ese apoyo no es menor porque esos gobernadores manejan dos votos clave en un Senado tan fragmentado: el de Flavia Royón (Salta) y Julieta Corroza (Neuquén).
La bancada de LLA cuenta con 20 integrantes, a los que se suma el cordobés Luis Juez, quien armó un interbloque con el oficialismo en noviembre pasado y le permitió a la tropa de Milei consolidar 21 votos sobre los 72 del pleno. Desde esa base, calculan que pueden alcanzar por lo menos 39 votos en el debate de la reforma laboral.
El oficialismo cuenta con el apoyo de los tres senadores del PRO: el misionero Martín Goërling Lara (que preside el bloque), la pampeana Victoria Huala y la chubutense Andrea Cristina. A ellos se suma el voto de la tucumana Beatriz Ávila, quien se alineó con el gobernador Osvaldo Jaldo, uno de los peronistas de mejor vínculo con la Rosada.
La UCR tiene debate interno, pero, en principio, sus diez senadores votarían a favor del proyecto en general, según adelantaron fuentes parlamentarias. El respaldo más sólido es el del sector que responde a los gobernadores radicales, mientras que Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger suelen apoyar al oficialismo y diferenciarse en las votaciones particulares.
Luego están los bloques provinciales, más chicos pero con peso concreto en las votaciones. El oficialismo confía en tener acompañamiento de la chubutense Edith Terenzi, alineada con el gobernador Ignacio Torres, y también del correntino Carlos "Camau" Espínola de Provincias Unidas. Si a ellos se suman Royón y Corroza, superan por dos la mayoría simple de 37.
El optimismo del Gobierno tiene que ver con que, además de esos nombres, hay otros senadores dialoguistas que aún no definieron su postura de cara a la sesión, como los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que suelen acompañar a LLA por orden del mandamás de la provincia Carlos Rovira. Tampoco lo hicieron los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia ni la cordobesa Alejandra Vigo, esposa de Juan Schiaretti y compañera de bloque de Espínola.
Además, a fines de diciembre, el oficialismo ya había logrado sumar para la aprobación del Presupuesto 2026 el apoyo de algunos integrantes del interbloque Popular, como se llama ahora la bancada peronista/kirchnerista que encabezan José Mayans, Juliana Di Tullio y Anabel Fernández Sagasti. Los más díscolos del espacio son los senadores de Convicción Federal Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca).
En tanto, los 21 integrantes del bloque Justicialista, con Mayans a la cabeza, los otros tres de Convicción Federal y los dos del Frente Cívico por Santiago que integra el exgobernador Gerardo Zamora encarnan el rechazo total al proyecto de "modernización laboral". Esa es la posición del sector más duro contra Milei dentro del amplio y hoy convulsionado universo peronista.
Las peleas internas que cruzan al peronismo desde la detención de la expresidenta Cristina Kirchner y sobre todo desde el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones de medio término se reflejan en los bloques del Congreso mejor que en cualquier otro sitio, aunque también llegan hasta la CGT, hoy dividida frente al proyecto de reforma laboral.
En la CGT hacen ruido varios puntos de la iniciativa de Milei. La eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos (esto es la renovación automática tras su vencimiento), el límite para el derecho a huelga en los "servicios esenciales" y la modificación en el cobro de las cuotas sindical y solidaria son, a grandes rasgos, los temas que mayor tensión generan dentro de la central.
Esta semana, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que lidera Abel Furlán, uno de los sindicalistas más cercanos al kirchnerismo, organizó una reunión con una veintena de representantes gremiales para presionar por un paro general contra el proyecto laboral de Milei.
La UOM es la cabeza del sector más combativo de la CGT, donde evalúan que para "frenar la reforma laboral" el paro general debe ser antes de la sesión del Senado que planea el oficialismo y no después, porque "ahí ya es más difícil" según comentó una fuente sindical a iProfesional. Es decir, el plan es que la medida de fuerza se concrete en los primeros días de febrero.
Sin embargo, esta postura no es compartida por toda la CGT. De hecho, la UOM ya se llevó un primer rechazo a esa estrategia por parte de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), cuya adhesión es fundamental para que un paro se sienta en la calle. El gremio que lidera Juan Carlos Schmid tomó distancia porque la iniciativa no está en línea con la conducción de la CGT que ejerce el triunvirato de Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello.
La conducción de la central gremial quiere evitar por ahora ir al choque con el Gobierno por la reforma laboral y exhibe una postura dialoguista. No obstante, el sector combativo insistirá con el paro general. Furlán tiene previsto armar una nueva reunión con otras organizaciones gremiales la próxima semana.
En tanto, la CATT mantiene su alineamiento orgánico con la CGT, pero tampoco descarta tomar medidas por su cuenta de ser necesario, porque les preocupa principalmente el artículo que limita las huelgas, dado que incluye a los servicios de transporte. Así la central gremial se debate entre el paro general y la negociación y crecen las presiones por una definición que, hasta ahora, no parece que pueda ser unánime.
En este contexto, el gobierno de Javier Milei avanza con el proyecto de reforma laboral con optimismo, por los votos que cuenta en el Senado, pero también con cautela por las negociaciones en curso con gobernadores y bloques legislativos, mientras espera a ver qué hace la CGT y cuánto pueden influir sus acciones en el debate que le espera al Congreso.

La medida del Banco Central busca que puedan precancelar deudas en moneda extranjera bajo condiciones de refinanciación.