En busca de la verdad
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El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, confirmó que acudirá a la Justricia para frenar la intervención del puerto de Ushuaia que calificó como "un avasallamiento a la autonomía de la provincia".
El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves la intervención del puerto de Ushuaia por un periodo de 12 meses, tras detectar irregularidades financieras y desvío de fondos públicos. Así quedó plasmado en la Resolución 4/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) publicada hoy en el Boletín Oficial. En tanto el gobierno de Tierra del Fuego adelantó que acudirá a la Justicia para frenar la medida.
De esta manera la gestión operativa, técnica y administrativa de la terminal marítima será asumida por el Estado nacional, aunque la intervención puede extenderse más allá del año inicialmente previsto si las anomalías no se corrigen.
La Mesa Técnica creada por Patricia Bullrich reconoció que se trata de un proyecto a pedir de las empresas y que "las cámaras nos envían por escrito sus inquietudes o los artículos que necesitan profundizar" y ellos buscan incorporarlos. No reciben sin embargo las "inquietudes" de los representantes de los trabajadores.
Según explicó la ANPYN que conduce Iñaki Arreseygor, la decisión responde a la detección de desvíos de recursos que, en lugar de destinarse al mantenimiento y mejora del puerto, habrían sido utilizados para otros gastos de la administración provincial, lo cual va en contra de la normativa vigente. Además, las inspecciones realizadas habrían evidenciado deficiencias operativas, riesgos en la infraestructura y falta de respuestas por parte de las autoridades provinciales ante los pedidos de regularización.
Desde dicho organismo remarcaron además que la medida se tomó ante la falta de respuestas concretas a inspecciones previas, denuncias de vaciamiento por parte de trabajadores portuarios y la preocupación de empresas navieras que operan en el puerto.
La intervención ocurre en plena temporada de cruceros, lo que generó tensión con la gobernación fueguina que cuestionó la decisión y aseguró que las operaciones de la terminal continúan con normalidad.
Fuente: Minuto Uno
