En busca de la verdad
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El monto fue transferido por parte del Tribunal, a cargo de Néstor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación informó que recibió 238.720 dólares incautados al empresario Lázaro Báez de distintas cuentas y poco más de 4 millones de pesos de la subasta de dos aviones.
El dinero fue transferido por parte del Tribunal Oral Federal 4, a cargo de Néstor Costabel, tras la orden de avanzar con el decomiso de los bienes hasta cubrir más de 60 millones de dólares en el marco de la causa conocida como "Ruta del dinero K".
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Se acumula un superávit de casi US$7.000 millones.
A principio de este mes, la Corte comenzó el operativo para devolver al Estado el dinero y los bienes decomisados a nombre del empresario condenado.
Para ello, ordenó que se proceda a "su inscripción registral bajo la titularidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, todo ello de conformidad con lo dispuesto por los artículos 23 y 305 del Código Penal de la Nación, y 522 del Código Procesal Penal de la Nación".
De acuerdo con la condena emitida en abril de 2021 por el TOF 4, los montos decomisados ascienden a aproximadamente 61,13 millones de dólares, distribuidos en varias partidas: 54,87 millones, 5 millones, 307.994 y 950.000 dólares. A esto se suman montos en pesos argentinos por alrededor de 4,17 millones, ajustados por inflación según el índice del INDEC.
El fallo original establecía que, una vez firme, se procedería a ejecutar los decomisos sobre todos los bienes embargados. Esta decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal en febrero de 2023 y, finalmente, por la Corte Suprema en mayo de 2025, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos interpuestos por los condenados.
Desde que se conoció la sentencia el proceso de decomiso presentó controversias cuando el Gobierno nacional emitió el Decreto 575/2025, que creó un Consejo de Bienes Recuperados bajo el ala del Ministerio de Justicia, con el fin de supervisar estos activos.
Esto generó tensiones, ya que la Corte había establecido previamente que corresponde a los jueces penales manejar estos procedimientos para garantizar la independencia judicial.
La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) presentó entonces una demanda argumentando una intromisión en las competencias del Poder Judicial.
En octubre de este año, el juez federal Pablo Cayssials concedió una medida cautelar que frenó la aplicación del decreto, al considerar que este altera el sistema de gestión de bienes ilícitos de manera inconstitucional, afectando la autonomía de la Corte Suprema y su autarquía presupuestaria.
Fuente: TN.com
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