En busca de la verdad
En busca de la verdad
La vicepresidenta Victoria Villarruel ya citó para el próximo martes a una reunión de Labor Parlamentaria. Patricia Bullrich organizará el trabajo en comisión y apuesta a tener un dictamen cuanto antes. Las objeciones del peronismo y la CGT.
Con el ingreso al Senadodel proyecto de Modernización Laboral, el oficialismo ya diagramó el debate en la cámara que preside la vicepresidenta Victoria Villarruel. La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, busca una sanción rápida: su objetivo es que la iniciativa obtenga aprobación durante diciembre.
El primer paso será conformar las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que quedarían bajo la órbita de Bullrich y de Ezequiel Atauche, respectivamente. Con el control del debate en manos de La Libertad Avanza, el oficialismo marcará el ritmo de la discusión y definirá qué propuestas de la oposición se aceptarán, incluidos eventuales invitados o pedidos de informes al Poder Ejecutivo o a organismos nacionales e internacionales vinculados al mundo laboral.
Villarruel, a través del secretario Parlamentario, Agustín Giustinian, ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el martes 16 de diciembre a las 11, con el objetivo de coordinar el tratamiento del proyecto. Ese mismo día se reunirán las comisiones. Los tiempos son ajustados por los feriados de Navidad y fin de año.
A esa reunión de jefes de bloque asistirá el cordobés Luis Juez, quien dejó el PRO y conformó un monobloque denominado Frente Cívico. Será un aliado de los libertarios. Así, Bullrich reúne ya 21 senadores, mientras que el sector "amarillo", conducido por Martín Goerling Lara, quedará reducido a tres.
"Es muy necesaria la reforma", sostuvo el senador libertario Francisco Paoltroni en diálogo con TN. "Hace 12 años que Argentina no genera empleo. De hecho, ha decrecido. Hay cinco o seis millones de trabajadores sin ningún tipo de derechos. Esta modernización es sumamente necesaria para revertir estos números. No hay argumentos para que (la ley) no se apruebe rápidamente. Tiene que generar formalidad, nuevas contrataciones y motorizar el crecimiento del país".
Desde el peronismo, que ayer se reunió con la CGT y hoy con la CTA, la senadora Carolina Moisés (Convicción Federal) advirtió que la reforma debe iniciar su tratamiento en Diputados por incluir materia impositiva y derogar una decena de leyes tributarias.
"El Senado no puede aceptar una iniciativa que, por mandato constitucional expreso, debe comenzar en Diputados. La Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: garantiza el equilibrio institucional. El artículo 52 es claro respecto al origen de las leyes de impuestos. Eludir este procedimiento vulnera competencias exclusivas y puede anular el proceso judicialmente", afirmó.
Moisés agregó: "Antes de debatir el contenido, tenemos la obligación institucional de garantizar la constitucionalidad. Si el Ejecutivo incluyó materia impositiva, el Senado no puede abrir el tratamiento. El Congreso es el único órgano facultado para legislar en derecho laboral (artículo 75 inciso 12). Rige el principio de progresividad y las modificaciones deben ser razonables, proporcionales y orientadas a proteger al trabajador y al sistema de seguridad social".
La conducción de la CGT ratificó su rechazo al proyecto tras reunirse ayer con la bancada de Unión por la Patria (UxP), que encabeza José Mayans. Durante dos horas, el triunvirato integrado por Octavio Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), junto a referentes como Gerardo Martínez (Uocra) y Norberto Di Próspero (Legislativos), analizó la iniciativa con senadores opositores.
El senador Mariano Recalde, vocero del encuentro, afirmó: "Nuestro bloque no va a apoyar ninguna propuesta que perjudique a los trabajadores y a sus organizaciones". Y agregó: "Acordamos trabajar unidos y sumar voluntades para ampliar el espectro opositor frente a esta reforma regresiva, que busca abaratar el trabajo, generar mano de obra esclava y facilitar los despidos más que las contrataciones, en este contexto económico".
El proyecto del Ejecutivo introduce cambios en el régimen de indemnizaciones, reduciendo la base de cálculo. Se eliminan las vacaciones, el aguinaldo, propinas y premios de la fórmula.
La remuneración "normal y habitual" se define como la devengada al menos seis meses en el último año. Además, se fijan topes: la base no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio aplicable, con un piso del 67% de ese valor. "La indemnización en ningún caso podrá ser inferior a un mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido", sostiene el texto.
La iniciativa crea los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un sistema obligatorio para financiar las indemnizaciones por despido. También incorpora un "banco de horas": empleador y trabajador podrán pactar la compensación de horas extra, por escrito y de manera voluntaria.
En materia salarial, se introduce el concepto de "salario dinámico", que podrá fijarse por tiempo o rendimiento, por unidad de obra, comisión individual o colectiva. Las remuneraciones podrán liquidarse en pesos, moneda extranjera o en especie.
El oficialismo pretende dar este debate durante las sesiones extraordinarias, que van del 10 al 30 de diciembre. La semana próxima, con la conformación de las comisiones, buscará acordar con el resto de los bloques los tiempos para llevar la reforma al recinto, tras la firma de los dictámenes correspondientes.
La presentación se realizará ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, el tribunal que deberá revisar la decisión firmada por el juez Adrián González Charvay.
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