Un funcionario comentó que los rebeldes también confiscaron todo el equipo de comunicaciones de la instalación, incluidos teléfonos, servidores y computadoras.
Un funcionario comentó que los rebeldes también confiscaron todo el equipo de comunicaciones de la instalación, incluidos teléfonos, servidores y computadoras.
Alam señaló que la ONU estaba en contacto con los hutíes y otras partes para "??resolver esta grave situación lo más rápidamente posible, poner fin a la detención de todo el personal y restablecer el control total sobre sus instalaciones en Saná"?.
Un segundo funcionario de la ONU, hablando bajo condición de anonimato para poder hablar sobre la redada, comentó que los rebeldes confiscaron todo el equipo de comunicaciones de la instalación, incluidos teléfonos, servidores y computadoras.
El funcionario dijo que los empleados detenidos pertenecen a varias agencias de la ONU, incluido el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Los hutíes han lanzado una ofensiva de larga duración contra la ONU y otras organizaciones internacionales que trabajan en zonas controladas por los rebeldes en Yemen, incluida Saná, la ciudad costera de Hodeida y el bastión rebelde en la provincia de Sadaa en el norte de Yemen.
Decenas de personas, entre ellas más de 50 funcionarios de la ONU, han sido detenidas hasta la fecha. Un trabajador del Programa Mundial de Alimentos murió detenido a principios de este año en Sadaa.
Los rebeldes han alegado repetidamente, sin presentar pruebas, que los funcionarios de la ONU detenidos y quienes colaboran con otros grupos internacionales y embajadas extranjeras eran espías. La ONU negó rotundamente las acusaciones.
La represión obligó a la ONU a suspender sus operaciones en la provincia de Saada, en el norte de Yemen, tras la detención de ocho miembros de su personal en enero. La ONU también reubicó a su principal coordinador humanitario en Yemen desde Saná a la ciudad costera de Adén, sede del Gobierno con reconocimiento internacional.
La decisión del Ejecutivo ocurre tras una supuesta violación del alto al fuego, algo que Hamás niega.