Con una mayoría aplastante, la oposición en la Cámara de Diputados dio este miércoles un contundente primer paso para insistir con la ley de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario.

La primera obtuvo 181 votos a favor, 60 en contra y una abstención. La segunda logró 174 votos a favor, 67 en contra y 2 abstenciones. Superaron ampliamente los dos tercios y sumaron adhesiones respecto de las votaciones originales.

Ambos vetos del presidente Javier Milei se rechazaron con el impulso de los bloques críticos y con el acompañamiento de exaliados del oficialismo.

El Gobierno planea dilatar la aplicación de las leyes. El Ejecutivo asegura que buscará postergar la erogación de fondos que indican los documentos para el próximo período presupuestario.

La mesa jurídica de Balcarce 50 apunta a dilatar la aplicación de las leyes de la misma forma que evalúa hacerlo con la Ley de Emergencia en Discapacidad, que fue ratificada por el Congreso luego de su veto. El jefe de Estado habilitó su promulgación, pero ordenó que sus equipos busquen mecanismos para suspender la ejecución de los fondos.

La única definición del Gobierno es que no hará presentaciones judiciales para evitar la erogación presupuestaria, sino que apuntará a que las denuncias las hagan particulares para intentar atomizar los procesos. "Si la ley la promulgamos y no la aplicamos, lo más probable es que nos denuncien. El proceso no lo vamos a iniciar nosotros", expresan.

El Ejecutivo apela al "impacto fiscal" de las medidas y recurre al artículo 38 de la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, que establece que "toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto general deberá especificar las fuentes de los recursos a utilizar para su financiamiento".

La Casa Rosada insiste además en el argumento de que la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional es la "herramienta primordial para el ordenamiento y planificación del accionar gubernamental" e insiste en que es atribución de Nación fijar el presupuesto general de gastos junto al cálculo de recursos de la administración.

La mesa judicial de Balcarce 50 está avanzando sobre jurisprudencia para respaldar los argumentos de la posición de Nación en los diferentes casos. La integran la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y sus equipos de abogados administrativos.