El Poder Ejecutivo remitió este miércoles al Congreso el veto a la ley de financiamiento universitario, una iniciativa aprobada en Diputados a principios de agosto con 158 votos afirmativos, pero sin alcanzar la mayoría especial de dos tercios. Ahora, la oposición evalúa la posibilidad de convocar a una sesión especial el próximo miércoles para intentar revertir la decisión presidencial.

El proyecto, impulsado por el radicalismo disidente de Democracia para Siempre junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), establecía la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales, hospitales universitarios y partidas de investigación. Además, fijaba la convocatoria a paritarias en un plazo de tres meses y el aumento de becas estudiantiles.

La Casa Rosada rechazó desde un inicio la iniciativa, alegando que su costo fiscal pondría en riesgo el superávit, eje central del plan económico. En el veto, ya publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo argumenta que la norma incumple el artículo 38 de la Ley 24.156, que exige identificar de manera clara las fuentes de financiamiento para los nuevos gastos. Según el Gobierno, las partidas mencionadas en el texto -mayores ingresos recaudados o reasignaciones presupuestarias- resultan "genéricas" y no garantizan recursos suficientes ni disponibles.

El informe oficial estima que la implementación de la ley demandaría más de un billón de pesos en 2025, lo que significaría un "aumento significativo y no cubierto del gasto público". La administración de Javier Milei advirtió que ese costo "sin respaldo real" solo podría financiarse con emisión monetaria, con impacto directo en la inflación y perjuicio para los sectores más vulnerables.

En la misma sesión en que se aprobó la ley universitaria también se votaron la declaración de emergencia en pediatría y el reparto automático de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Ambos proyectos serán vetados, aunque aún no fueron remitidos al Congreso y el plazo vence este jueves.