En busca de la verdad
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La Primera Sala del Supremo Tribunal fijó cinco fechas -entre el 2 y el 12 de septiembre- para el juicio del llamado Núcleo Crucial, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro y a siete ex miembros de su Gobierno, señalados como los principales organizadores del presunto intento de golpe.
La Primera Sala del Supremo Tribunal fijó cinco fechas -entre el 2 y el 12 de septiembre- para el juicio del llamado Núcleo Crucial, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro y a siete ex miembros de su Gobierno, señalados como los principales organizadores del presunto intento de golpe.
Sin embargo, la justicia lo acusa de liderar un complot junto a otros dirigentes políticos y militares para socavar la voluntad popular y permanecer en el poder aún habiendo perdido las elecciones.
El proceso contra Bolsonoaro está, además, en el centro de la tensión entre la administración de Donald Trump y el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Casa Blanca acusa a Brasil de lanzar una "persecución política" contra Bolsonaro, aliado internacional de Trump, y, en respuesta, le impuso aranceles de 50% sobre productos críticos y sancionó a varios de los magistrados que hoy juzgan al expresidente brasileño. Por su lado, el gobierno de Lula dice que la Justicia es independiente en su país.
Bolsonaro niega las acusaciones e insiste en que los cargos en su contra tienen una motivación política.
La Primera Sala del Supremo Tribunal fijó cinco fechas -entre el 2 y el 12 de septiembre- para el juicio del llamado Núcleo Crucial, que involucra al expresidente Jair Bolsonaro y a siete ex miembros de su Gobierno, señalados como los principales organizadores del presunto intento de golpe.
Se les imputan los delitos de tentativa de golpe, abolición violenta del Estado democrático de derecho, organización criminal, daño al patrimonio público y deterioro de bienes protegidos.
La denuncia sostiene que la conspiración comenzó en 2021, cuando Bolsonaro y su entorno comenzaron a poner en duda la seguridad de las urnas electrónicas de cara a las elecciones del año siguiente y difundieron la idea de un fraude inminente.
Esa narrativa buscaba preparar a la opinión pública y a la comunidad internacional para desconocer el resultado de las elecciones de 2022, en las que finalmente Lula se impuso por un margen de apenas 1,8 puntos.
Según la acusación, Bolsonaro fue "el principal organizador, beneficiario y responsable de los actos más graves contra el Estado de derecho". La investigación llevada a cabo por la Policía Federal identificó la existencia de una organización criminal dedicada a mantener al expresidente Jair Bolsonaro en el poder.
El plan llegaba a contemplar el asesinato de Lula y de su vicepresidente Geraldo Alckmin, así como también del juez Alexandre de Moraes, mediante envenenamiento o con explosivos como parte de la estrategia, según consta en la denuncia de la fiscalía.
De acuerdo con el documento, la ocupación violenta de las sedes de los tres poderes ocurrida el 8 de enero de 2023 fue el último intento de anular la voluntad popular. Alentada por partidarios bolsonaristas, el objetivo era "forzar la intervención de las Fuerzas Armadas" para "deponer el gobierno electo y abolir las estructuras democráticas".
Sin embargo, aunque Bolsonaro intentó reclutar a los altos mandos militares para impedir la asunción de Lula, la maniobra fracasó porque comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron a respaldarlo.
De acuerdo con información del Tribunal Supremo de Justicia a la que tuvo acceso CNN, las pruebas reunidas incluyen escuchas telefónicas, análisis bancarios y fiscales, allanamientos e incautaciones. Además del testimonio de uno de los imputados, el teniente coronel Mauro Cid, colaborador muy cercano a Bolsonaro, quien firmó un acuerdo de culpabilidad y fue una pieza clave para la investigación.
La defensa de Bolsonaro niega las acusaciones y sostiene que autorizó la transición de gobierno y condenó expresamente las manifestaciones violentas o ilegales.
En 2023, Bolsonaro quedó impedido de ejercer cargos públicos por ocho años tras ser considerado culpable en una causa aparte por abuso de poder, que determinó que había difundido información falsa sobre la seguridad del sistema electoral brasileño a representantes de gobiernos extranjeros.
El expresidente aguarda la decisión del tribunal en prisión domiciliaria, luego de que el juez Alexandre de Moraes determinara que incumplió las restricciones impuestas previamente por el tribunal, incluyendo el uso de redes sociales y teléfonos celulares.
La abogada y periodista Rosanne D"Agostino dice a CNN que la probabilidad de que Bolsonaro sea absuelto es mínima. "La denuncia de la fiscalía general de la República describe una escalada de acontecimientos que culminó en los atentados del 8 de enero, y el Supremo Tribunal Federal ya ha demostrado que considera estas pruebas contundentes contra todos los acusados", explica.
Sin embargo, todavía quedan instancias pendientes y la defensa podría apelar la decisión del tribunal. Al final del proceso, de ser encontrado culpable, Bolsonaro podría enfrentar más de cuatro décadas de prisión.
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