En busca de la verdad
En busca de la verdad
La senadora nacional acusó penalmente al gobernador Cornejo por presuntas irregularidades en un convenio con Vialidad Nacional. Desde el Ejecutivo provincial calificaron la presentación como "un panfleto sin sustento" y "una chicana política".
En una jornada marcada por la tensión institucional, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti presentó una denuncia penal contra el gobernador Alfredo Cornejo, acusándolo de malversación de fondos públicos, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública. El eje del conflicto gira en torno al convenio firmado entre la Provincia y Vialidad Nacional, por el cual Mendoza se compromete a ejecutar obras y mantener tramos de las rutas nacionales 7, 40 y 143.
La presentación judicial fue realizada ante el fuero federal, y según Fernández Sagasti, el acuerdo implica que los mendocinos "paguen tres veces" por obras que deberían ser financiadas por el Estado nacional. La legisladora cuestionó el uso de fondos provinciales, la falta de previsión presupuestaria y la eventual implementación de peajes como parte del esquema de financiamiento.
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La respuesta del Gobierno no tardó en llegar. El ministro de Gobierno, Natalio Mema, desestimó la denuncia con duros términos: "Desde lo jurídico, es un panfleto sin sustento. Desde lo político, una chicana que pinta de cuerpo entero la realidad del espacio kirchnerista". Mema defendió la legalidad del convenio, asegurando que pasó por todas las instancias institucionales, incluida la Legislatura, y que aún no se ha ejecutado ningún gasto.
El cruce entre ambos sectores expone una grieta que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno político. Mientras Fernández Sagasti insiste en que el oficialismo provincial "juega con los recursos de los mendocinos", desde el Ejecutivo acusan a la oposición de "no estudiar, no prepararse y usar la Justicia como herramienta de desgaste".
Este episodio se suma a una serie de disputas que tensionan el escenario político mendocino, donde las obras públicas, la gestión de recursos y la representación ciudadana se convierten en campos de batalla discursiva. La denuncia, más allá de su recorrido judicial, ya generó un fuerte impacto en el tablero político local
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