La reciente orden de la justicia estadounidense que obliga a la Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF para saldar una deuda multimillonaria es el resultado directo de la irresponsable gestión de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía durante la expropiación de la petrolera en 2012. Lejos de ser un acto de soberanía, la estatización que lideró Kicillof fue una muestra de improvisación y desprecio por las normas internacionales: se avanzó sin cumplir con la oferta pública de adquisición (OPA) que protegía a los accionistas minoritarios, lo que abrió la puerta a demandas judiciales que hoy condenan al país a pagar 16.100 millones de dólares y a perder el control de un recurso estratégico.

Kicillof, que impulsó y defendió la expropiación en el Congreso, no solo subestimó las consecuencias legales y financieras de su accionar, sino que ahora intenta evadir su responsabilidad, acusando a otros y descalificando el fallo como un “disparate”. Sin embargo, los hechos son contundentes: la “pesada herencia” de su gestión compromete el futuro de la economía argentina y pone en riesgo la soberanía que dice defender. 

La historia juzgará a quienes, por dogmatismo o incapacidad, hipotecaron el patrimonio nacional y condenaron a generaciones de argentinos a pagar los costos de su imprudencia.

Otra condena para Cristina Kirchner

Analistas

Más allá del desenlace judicial, la Argentina está pagando el error de aquella pésima expropiación kirchnerista, que se pareció bastante a una confiscación.