Hace poco más de 20 años, publiqué un libro en coautoría con los Dres. Ricardo Olivera García y Adrián Leiza Zunino titulado "El Sistema Bancario Uruguayo, a partir de la crisis".

Este libro surgió en un período crítico, especialmente para los ahorristas. Desde el ámbito académico y como profesionales del Derecho, fuimos testigos directos de lo ocurrido: la evolución de los acontecimientos en tiempo real y las respuestas normativas diseñadas para evitar que una crisis de esa magnitud volviera a ocurrir.

En el libro, analizamos cómo se gestionaron las crisis bancarias previas a la trágica de 2002, definimos qué es una crisis bancaria y evaluamos las soluciones planteadas. Nos enfocamos particularmente en la respuesta jurídica a la crisis financiera de ese año, destacando cómo, en tiempo récord, los legisladores interpretaron los hechos y diseñaron un marco legal. Aunque no fue una solución definitiva y perfecta -era imposible en ese contexto-, sí se presentó como un remedio frente a una situación inesperada tanto para las personas como para el prestigioso sistema bancario uruguayo.

Básicamente, todo cambió.

Hoy, al analizar el sistema financiero en su conjunto -tercerizaciones, supervisión del BCU, whistleblowers de empleados bancarios, conjuntos económicos, personal superior, régimen de información, sanciones, seguros de depósitos y liquidación diferencial-, podemos afirmar que casi todo tiene su origen en aquel momento. La crisis impactó a todos los actores: agentes, asesores, reguladores y, por supuesto, a los perjudicados. Incluso nuestra plaza financiera, reconocida internacionalmente, sufrió las consecuencias.

Hoy enfrentamos otra crisis, distinta a la bancaria, pero igualmente preocupante. Por ahora, son tres las empresas afectadas, cuyo negocio consistía en vincular a los ahorristas con el ganado bajo diferentes modalidades. En algunos casos, más que una inversión real, el ganado era simplemente la carnada perfecta para atraer inversores, aunque en realidad nunca existiera como activo subyacente. Aún no se sabe si hay más actores involucrados ni si esto podría generar un efecto contagio y agravar la situación.

Lo que sí está claro es que otros sistemas distintos al bancario también pueden generar terremotos en la sociedad.

Se ha dicho que los negocios entre privados son ajenos al Estado. También se ha afirmado que el Estado debe hacerse cargo. No comparto ninguna de las dos afirmaciones.

También es privado el vínculo entre un depositante y un banco. En esencia, es un contrato entre privados. También el crédito al consumo que suele utilizar una enorme parte de la población es entre privados. También cuando utilizamos la billetera electrónica como herramienta moderna para guardar el dinero o el propio sistema de pagos electrónico que facilita la vida de la población, es entre privados. Sin embargo, todos asumimos automáticamente que un banco es seguro, que el pago mediante una app es seguro, que quien otorga un préstamo al consumo cobra lo permitido, etc. ¿Por qué? Porque están regulados, con más o menos intensidad, pero se aborda la situación y no se lo deja librado a la suerte de las personas.

En el caso de los bancos existe una estricta regulación que protege su solvencia, liquidez y calidad de cartera, entre otros aspectos. Cuidar al ahorrista es un asunto de interés general y, por eso, se otorgó el monopolio de esa modalidad de operación a los bancos y un tipo de cooperativa. Ello no significa que el Estado se haga responsable si un banco cae. La propia Ley de Intermediación Financiera indica expresamente que el Estado no responde por cualquier incumplimiento de los bancos, lo que implica que no responde por los depósitos eventualmente no devueltos (art. 42). En los casos del crédito al consumo hay tope de tasas y normas de defensa al consumidor, pero no debería ser el Estado que se haga cargo cuando los tomadores de crédito no pueden pagar. En los medios de pago electrónicos hay exigencias tecnológicas, pero ante un ciberataque no es el Estado el que debe salir a responder.

En los años 80 cuando proliferaban los grupos de ahorro previo se los incluyó, forzosamente, como agentes que hacían intermediación financiera. Cuando estrictamente no lo eran, pero lo que estaba en juego era el ahorro público.

No se trata de decir que estamos en el Far West. El Estado se aproxima a la situación para generar los mecanismos que aseguren un mercado sano, no como paternalista.

En los casos observados estos meses del tsunami ganadero, se ve un modus operandi de captar dinero de terceros, en forma masiva y pública, aparentemente sin dirigirlo al destino prometido -por ejemplo, el ganado- lo cual de comprobarse se asemeja peligrosamente a lo que ocurre en un depósito bancario. No olvidemos que un depósito bancario no es más que un préstamo de dinero del cliente al banco, quien debe devolverlo en igual especie y cantidad, con intereses.

La gran diferencia es que, en este caso, quienes captaban el dinero no eran bancos, ni estaban sujetos a regulaciones sobre solvencia, liquidez, control, patrimonio, conocimiento y transparencia. Pareciera que es libre hacerlosin restricciones y muchos defienden aún con las cartas a la vista, queasí debe seguir.

A mi modo de ver, es insólito que se pueda usar como forma de "carnada en su anzuelo" los términos "fondos", "bonos", "capital", sin que nadie se alarme. Esto confunde al ahorrista a la hora de evaluar la seguridad de su inversión.

En 2002, la respuesta fue inmediata e intensa: feriado bancario, creación de fondos de patrimonio y un sistema normativo que sigue vigente. En 2025, esta reacción no es posible. No estamos hablando de bancos ni del sistema financiero,sino de una zona gris de si es una actividad financiera o no y, requiere un análisis más detenido. No hay un riesgo sistémico, sino para actores que están fuera del ámbito regulado. En este escenario, dependemos de la agilidad y eficiencia del sistema y proceso concursal, máxime cuando hay semovientes involucrados.

A pesar de las importantes diferencias, existen puntos de contacto. Estamos ante una crisis. Porque estas situaciones masivas, que involucran ahorros o inversiones de muchas personas, socavan la confianza en un sistema y en un sector emblemático del Uruguay. Aunque de menor envergadura, esta crisis impacta y puede debilitar instrumentos sólidos debido a la pérdida de confianza y la disminución de la demanda.

La respuesta en la crisis bancaria derivó en una avalancha regulatoria que aún hoy define al sistema financiero. Lo mismo ocurrió en el mercado de valores, el otro sector que tiene permitido acceder al ahorro público mediante oferta de valores.

¿Debemos seguir hiperregulando al sistema bancario y mercado de valores mientras dejamos un "vale todo" en otros sectores?

Creo que no, pero no hacer nada tampoco es una opción. Si la regulación actual no es clara o suficiente, debe ajustarse.Al final, el ahorro público es el mismo. A quien cuidamos celosamente cuando va al banco y deposita sus ahorros es la misma persona que en este escenario queda desprotegido. Las personas buscan mejorar su calidad de vida, ya sea ahorrando o invirtiendo. Por eso, captar ahorros de forma masiva y engañosa debe ser regulado y castigado, sin dudas.

¿Cómo hacerlo? No es mediante hiperregulación. Extinguir el riesgo es imposible, incluso en los bancos. Pero si seguimos permitiendo zonas grises, estas situaciones seguirán repitiéndose. Tampoco es el Estado el que debe absorber las pérdidas.

Hay alternativas simples y efectivas. Por ejemplo, quienes deseen emprender en la industria de inversión ganadera con recursos económicos ajenos deberían utilizar el mercado de valores, ya sea mediante ofertas públicas o privadas. Estos instrumentos permiten alertas tempranas.

Es momento de ordenar la cancha, proteger el ahorro y prevenir nuevos episodios que afecten la confianza, el consumo y la estabilidad económica de muchas familias.

El Observador

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