De sociedad del Estado a sociedad anónima. Ese cambio puede parecer un detalle pero resulta crucial, ya que es el inicio necesario para que el Gobierno comience a ceder participación accionaria en las empresas públicas. Actualmente, muchas de ellas continúan bajo la denominación de "sociedad del Estado", como por ejemplo Trenes Argentinos. Por eso, el Ejecutivo prorrogó el período de tiempo que tiene para convertirlas en sociedades anónimas.

A través del decreto 1120/2024 estiró durante 60 días el tiempo que tiene para la conversión de las sociedades del Estado. "Prorrógase por el término de SESENTA (60) días el plazo previsto en el artículo 51 del Decreto N° 70/23, prorrogado por su similar N° 553/24?, dice el artículo 1 del texto. Y antes, en los considerandos mencionaba: "Que la gravedad de la situación exige su prórroga por el término de SESENTA (60) días con el fin de contar con el tiempo suficiente para concretar lo establecido en el inciso 2) del artículo 77, en el inciso 1) apartado b) del artículo 83 y en el artículo 88 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550 (T.O. 1984) y sus modificatorias".

Esta es la segunda prórroga que se hace en este sentido, ya que el Gobierno se había puesto un primer objetivo de cumplirlo a los seis meses de gestión, pero en julio decidió estirarlo por 180 días.

Una fuente al tanto del trabajo de Diego Chaher, al frente de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, explicó que la medida va más allá de la privatización, ya que las normas de una sociedad anónima, a diferencia de las sociedades del Estado, permiten la incorporación de accionistas privados.

Esto hace que el radio de acción de esta medida sea mucho más amplio por distintos motivos. El primero de ellos es su posible rol como agente de "puesta a punto" de empresas privatizables incluidas en la Ley Bases. Y, en segunda instancia, puede habilitar a otras compañías a iniciar su proceso de venta.

Esto es mucho más fácil de entender con ejemplos concretos, como el caso de Fabricaciones Militares. Se trata de una sociedad del Estado que este año recibió casi $14.000 millones de transferencias del Gobierno. Su transformación en sociedad anónima habilitaría el ingreso de otros accionistas y la responsabilidad por el saneamiento de la compañía sería compartida.

Otro caso mucho más grande es el de Trenes Argentinos u Operadora Ferroviaria (su nombre técnico). Está incluida en la lista de privatizables de la Ley Bases. Esta compañía todavía permanece como sociedad del Estado. Fuentes oficiales explicaron que las demoras en la conversión de las compañías se debe a la complejidad que reviste "ponerlas al día".

A propósito de Operadora Ferroviaria, recibió fuertes críticas del ministro de Economía, Luis Caputo, quien señaló que allí existe un problema más grave que en Aerolíneas Argentinas. Según cifras oficiales, hasta el tercer trimestre del año absorbió $36.756 millones por venta de pasajes de tren. Sin embargo, su gasto corriente ascendió a $555.868 millones. Este desbalance es el que justificó que el Gobierno le haya transferido $517.477 millones.

Un contraejemplo que ilustra cómo trabaja una sociedad anónima es el que el Gobierno exhibe con Aysa. El 90% de su paquete accionario está en manos del Estado y el 10% restante en el Programa de Participación Accionaria, del que forman parte sus trabajadores.

Aysa, tal cual adelantaron sus autoridades, se prepara para su privatización, estipulada para el primer semestre del año próximo. Y si bien el Gobierno contempla la posibilidad de ponerla en venta a través de una licitación, otro de los escenarios que seduce a sus representantes es lanzar sus acciones a la Bolsa y así encontrar compradores. Esto último resulta posible porque se trata de una sociedad anónima.

De hecho, Aysa aprobó su plan de incorporación de capital privado en octubre. Por esta razón, comenzaron a mostrar cifras que intentan exhibirla como un negocio rentable. Los números que la empresa le hace llegar al Gobierno indican que podría terminar el año con un superávit operativo de entre $66.000 millones y $96.000 millones, que contrastan con el déficit de $278.000 millones del año pasado. Sus representantes afirman que, más allá del recorte del gasto, el aumento de la tarifa del agua que en el año experimentó un incremento de más del 300%, permitió llegar a esa instancia. (La Nación)