La semana pasada Yoon sumió a Corea del Sur en una grave crisis política al imponer durante unas horas una ley marcial que devolvió a la población los recuerdos del sombrío pasado autocrático del país.

Investigado por insurrección junto a su círculo cercano, el dirigente conservador tiene prohibido salir del país y el sábado se enfrenta a una segunda moción de destitución en la Asamblea Nacional, tras librarse por poco de una primera votación la semana pasada.

La oposición debe conseguir el respaldo de ocho diputados del Partido del Poder Popular (PPP) de Yoon para alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para que la moción prospere. En la votación del sábado, solo dos diputados del PPP apoyaron la destitución, pero el resto se ausentó de la Asamblea Nacional, permitiendo que Yoon siguiera en el poder.

En un discurso televisado, Yoon pidió nuevamente disculpas al pueblo que quedó "sorprendido y ansioso debido a la ley marcial", pero arremetió duramente contra la oposición, a la que acusó de destruir el orden constitucional y de empujar al país a una "crisis nacional".

"Lucharé hasta el final para impedir que las fuerzas y grupos criminales responsables de paralizar el gobierno del país y alterar el orden constitucional amenacen el futuro de la República de Corea", declaró desafiante el presidente, cuya cota de popularidad se hundió al 13% tras la imposición del orden militar.

"No eludiré la responsabilidad legal y política en relación con la declaración de la ley marcial", añadió, y acusó a la oposición de empujar al país a una "crisis nacional".

Yoon sostuvo que el "intento de ley marcial no puede interpretarse como insurrección: es un acto de la administración gubernamental y no está sujeto a escrutinio judicial". Afirmó que el despliegue de menos de 300 soldados en la Asamblea Nacional tenía como fin mantener el orden, no disolverlo o paralizarlo.

El presidente reveló que había ordenado al exministro de Defensa Kim Yong-hyun, detenido desde entonces, que comprobara el sistema de votación de la Comisión Electoral Nacional, lo que suscitó dudas sobre su credibilidad tras los supuestos ciberataques de piratas informáticos norcoreanos.

También reveló que solo había discutido los planes para la ley marcial con Kim, y que informó a los miembros del gabinete justo antes de declararla, en otro mensaje televisivo.

Han Dong-hoon, líder del Partido del Poder Popular, dijo que pensaba que la destitución del presidente Yoon Suk-yeol era la única forma de proteger la democracia surcoreana.

"Hemos intentado buscar otras opciones que redujeran la incertidumbre que podría conllevar la destitución, pero la hipótesis era que el presidente aceptaría una dimisión anticipada", declaró Han, invirtiendo la postura del partido gobernante y del propio Yoon en los últimos días de oponerse a la destitución. "Pero como el presidente no tiene intención de hacerlo, otras opciones no son viables".

Yoon sostuvo que el objetivo de la oposición es evitar la inminente condena penal de su líder, Lee Jae-myung, que enfrenta varias causas por corrupción y a quien una elección anticipada podría ayudarlo a evitar una posible inhabilitación, una tesis apoyada hoy por el diario Chosun IIbo, uno de los más importantes.

Mientras tanto, el Tribunal Supremo confirmó la condena a dos años de prisión contra Cho Kuk, exministro de Justicia y jefe del opositor Partido de la Reconstrucción de Corea, por fraude académico relacionado con sus hijos e interferencia ilegal en una inspección gubernamental.

Perderá su escaño parlamentario y el derecho a presentarse a las elecciones presidenciales de los próximos cinco años.

El miércoles, el servicio de seguridad presidencial de Yoon no permitió que la policía registrara la oficina presidencial.

Si Yoon es sometido a juicio político, sus poderes presidenciales serían suspendidos hasta que el Tribunal Constitucional decida si removerlo del cargo o restaurar sus poderes. Si es destituido, se requeriría una nueva elección presidencial en un plazo de 60 días.