Cuánto había que esperar para ver lo obvio? En este caso, tres años. Puede parecer demasiado para los ansiosos. Es poco y nada en la carrera judicial que algunos construyen con paciencia, dedicación y... fallos convenientes.

Esta semana, la consejera de la Magistratura Vanesa Siley -diputada de La Cámpora, de los pagos de Wado de Pedro- presentó la lista de postulantes para ocupar los puestos vacantes en la Cámara Federal de Casación, el tribunal más importante del país detrás de la Corte.

Los dos nombres que encabezan la lista son sugestivos, porque los jueces Gabriela López Iñíguez y José Michilini compartieron el tribunal que en octubre de 2021 emitió un fallo inédito en la historia argentina: absolver a una imputada antes de juzgarla.

El juicio lo tenían que hacer ellos. La imputada era Cristina Kirchner.

¿Qué fue lo inédito? Que el tribunal inventó una "audiencia preliminar" pedida por Cristina que no existe en el Código Procesal Penal.

Allí, los jueces escucharon a Cristina hacer su descargo por el Pacto con Irán y concluyeron: tiene razón, no la vamos a juzgar.

Les faltó escuchar a 300 testigos.

La decisión de los jueces fue escrita en 387 páginas que hacían suyos los argumentos de la defensa de Cristina abiertamente y sin filtro.

Por ejemplo, la jueza López Iñíguez dedicó más de 70 páginas al argumento de presunta "parcialidad" de los jueces Hornos y Borinsky, que reabrieron el caso, ignorando los fallos de otros ocho jueces y fiscales que luego siguieron la investigación hasta elevarla a juicio oral.

Y el juez Michilini interpretó que como los acusados Khalil, Esteche o D'Elía se maltrataban entre sí en algunas escuchas, "no podrían estar asociados para un mismo objetivo".

Como si Parrilli no fuera ultra K porque Cristina lo llamó "pelotudo".

Entre los argumentos del fallo, se legitimaba la denuncia de Cristina sobre lawfare mencionando el informe de un Relator Especial de la ONU que hablaba de persecución política y presiones a la justicia durante el gobierno de Macri.

¿Y quién era ese Relator Especial? Diego García-Sayán, ex canciller del presidente peruano Alejandro Toledo, recientemente condenado a 20 años de cárcel por recibir coimas a cambio de direccionar la obra pública en su país.

Esa operatoria nos suena.

García-Sayán se basaba en los datos que le habían entregado dos ONGs kirchneristas y la asociación Iniciativa Justicia, integrada por Graciana Peñafort y Carlos Beraldi (abogados de Cristina Kirchner), Daniel Llermanos (abogado de Pablo Moyano) y Maximiliano Rusconi, abogado de Lagomarsino, el principal procesado por el asesinato de Alberto Nisman.

Nisman fue el fiscal que denunció el Pacto con Irán, justamente la causa por la que el tribunal de Michilini y López Iñíguez trataban de salvar a Cristina.

Conclusión: Cristina le hizo decir a un Relator de la ONU que ella era perseguida y los jueces dijeron que Cristina era perseguida porque lo dijo el Relator de la ONU.

Por miedo a quedarse corto, el fallo de López Iñíguez y Michilini -acompañados por Daniel Obligado, que sacó a Boudou de la cárcel por hacer un curso de electricidad- reproducía argumentos de Eduardo Chango Zuain, que no era un catedrático internacional sino otro de los imputados.

Aquel fallo insólito terminó revertido por Casación, que ordenó que Cristina debe ser juzgada por el Pacto con Irán, como cualquier procesado que debe demostrar su inocencia en un juicio.

Casación es el tribunal al que ahora se postulan los jueces de aquel escándalo (aunque aún deben pasar varias instancias), apadrinados por una consejera kirchnerista justo una semana después de que la condena contra Cristina por la obra pública en Santa Cruz quedara firme, justamente en ese estrado.

Sucede mientras se tensa la pulseada por la Corte, donde el kirchnerismo amaga un apoyo al juez Lijo -que nunca le disgustó-, a "cambio" de imponer a una mujer de sus filas en el otro lugar vacante. O ampliar el número de cortesanos para ganar presencia. Clarín

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