El funcionario aseguró, no obstante, que el Gobierno no está en contra del reclamo universitario. “De lo que estamos en contra es de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, es decir, que no puedan financiarse”, marcó y reclamó a los parlamentarios que “cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos”. Está previsto que esta semana Javier Milei vete la ley que incrementó el financiamiento universitario, tal como lo hizo con el proyecto que había modificado los haberes jubilatorios por afectar el objetivo de déficit cero.

“El ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos para mejorar los salarios de los docentes y de los no docentes”, destacó el portavoz presidencial y precisó: “Se ofreció un aumento del 6,8% por encima de la inflación; se ancló los salarios de los docentes con los trabajadores de la administración pública publica para que cobren en tiempo y forma, y no cuando se le ocurriera al gobernante de turno. Antes cobraban a 68 días y ahora lo hacen en un promedio de 4,6 día y se realizaron incrementos en los gastos de funcionamiento”.

En este sentido, Adorni destacó que “los recursos se enviaron”. Reclamó entonces que se sepa qué pasó con los fondos y denunció que, en el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 hasta ahora no fueron rendidos. “El único informe vinculado a la UBA pertenece a la facultad de Psicología auditada en 2018; esto hace imprescindible que los mismos sean auditados. Por eso el Gobierno avanzó con la Sigen para llevar adelante la auditoria”, destacó.

Y enumeró: “Del total de estudiantes registrados en 2022 (1.749.136 estudiantes)-el ultimo dato conocido- solo el 40.6% es alumno regular; el 20% (377 mil alumnos) tenía una materia aprobada o ninguna; y un dato llamativo es que del 38.4% de alumnos (671.372 estudiantes) no se tiene información, no se sabe si van a clase o si no lo hacen”.

Aludió también a ejemplos como el Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo. “Recibía 1500 millones de pesos de la gestión anterior y solo tuvo 16 egresados”, marcó y destacó: “El costo por egresado es absolutamente astronómico”. La casa de estudios fue intervenida por el gobierno nacional, que blindó su acceso para iniciar una auditoría tanto sobre su funcionamiento y los fondos percibidos en el transcurso de ese período.

En su lista de observaciones, Adorni además dijo que “el 21.8% de los estudiantes de medicina son extranjeros”. “Otro costo exorbitante que en algún momento tenemos que debatir”, indicó y sumó: “No es justo que una familia bajo la línea de la pobreza subsidie a los que solo van a hacer política a las universidades y no a su fin último, que es el de educarse”.

“Del lado del Gobierno, siempre vamos a estar abiertos para discutir y para debatir la situación de las universidades, mejorar su presupuesto, su calidad y mejorar todo lo que haga falta para que la universidad pública tenga lo que tiene que tener”, dijo y cerró: “El veto sigue firme. En el próximo Boletín Oficial se verá publicado”.

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