Javier Milei llamó a licitación pública nacional e internacional para vender el 100% de las acciones clase C (estatales) de IMPSA S.A..

Lo hizo a través de una publicación que formaliza el secretario de Coordinación de Producción, Juan Alberto Pazo, en el Boletín oficial de la Nación.

Así, la privatización de la histórica empresa Industrias Metalúrgicas Pescarmona Sociedad Anónima (IMPSA) avanza rápidamente. El plazo para la presentación de las ofertas quedó abierto desde este 1 de octubre, hasta el 31, día en el que se llevará a cabo la apertura de sobres en un acto público.

El Senado de Mendoza ya había aprobado el proyecto de ley que autoriza la venta del 21,2% de las acciones que posee la provincia, un paso fundamental para concretar la transferencia total de la compañía al sector privado.

IMPSA es una de las empresas más importantes de Argentina en el sector metalúrgico y energético, con participación clave en proyectos hidroeléctricos, parques eólicos, energía nuclear y equipamiento para la industria petrolera y de gas. Actualmente, el Estado nacional posee el 63,7% de las acciones, mientras que la provincia de Mendoza mantiene el 21,2%. El resto de los títulos se distribuyen entre acreedores y la familia Pescarmona, fundadora de la compañía. Con esta aprobación se da un paso decisivo hacia la privatización total de la empresa, cuya deuda supera los 500 millones de dólares.

La compañía estadounidense ARC Energy fue una de las primeras en manifestar públicamente su interés en adquirir parte de las acciones de IMPSA, ofreciendo una capitalización inicial de 30 millones de dólares. Sin embargo, otros posibles inversores internacionales, incluyendo empresas de Brasil, Alemania y España, también expresaron interés en participar en la licitación.

IMPSA fue fundada en 1907 por la familia Pescarmona y creció como una de las principales empresas metalúrgicas del país, especializada en el diseño y fabricación de equipamiento de alta tecnología para proyectos de infraestructura energética. Sin embargo, la empresa enfrentó graves problemas financieros a partir de la década de 2010, en gran parte debido a negocios fallidos en Venezuela y Brasil. Estos compromisos, adquiridos a través de una subsidiaria brasileña, llevaron a la acumulación de una deuda superior a los USD 1.000 millones para 2018.

En 2021, el gobierno de Alberto Fernández decidió estatizar IMPSA, en un intento por salvar la empresa de la quiebra y preservar los más de 700 puestos de trabajo que generaba. En ese momento, el Estado nacional adquirió el 63,7% de las acciones, inyectando USD 15 millones para mantener las operaciones, mientras que la provincia de Mendoza aportó otros USD 5 millones para asegurar su participación en la estructura accionaria.

El objetivo de la estatización era preservar una compañía considerada estratégica, tanto por su capacidad de generar exportaciones como por su relación con más de 100 pequeñas y medianas empresas que dependen de su actividad. IMPSA exporta el 85% de su producción y opera en más de 40 países, con contratos relevantes en sectores como el petróleo, el gas, y las energías renovables.

Sin embargo, la empresa continuó enfrentando dificultades financieras, acumulando una deuda de USD 566 millones, según datos del Ministerio de Economía. A pesar de la reestructuración de la deuda realizada en 2020, el panorama para IMPSA siguió siendo deficitario, lo que llevó al gobierno de Javier Milei a incluirla en su plan de privatizaciones.

Uno de los principales criterios que evaluarán las autoridades será el plan de negocios de los interesados, que deberá asegurar la continuidad de las operaciones de IMPSA, la preservación de los puestos de trabajo y la participación de las pymes locales en la cadena de producción. Al mismo tiempo, los inversores deberán asumir la deuda de más de 500 millones de dólares que arrastra la empresa, lo que podría influir en las ofertas que se presenten.

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