La Cámara de Senadores de Mendoza dio sanción definitiva, este martes, a una nueva normativa en materia de Seguridad Pública, que permite que el Estado use, sin restricciones, las cámaras de videovigilancia que hayan comprado e instalado particulares.

De acuerdo al texto, aprobado por 26 votos a favor y 4 en contra, "las imágenes y datos obtenidos deberán ser confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial".

La proporcionalidad y justificación del uso de este material queda bajo potestad de la autoridad política de turno y la captura de imágenes en una propiedad privada deberá contar con consentimiento judicial.

Según datos oficiales, el sistema de videovigilancia pública cuenta con unas 2000 cámaras, aunque no se ha revelado el dato sobre cuántas están efectivamente operativas. No obstante, ese número se multiplicaría varias veces al sumar las cámaras de privados. También sumarían las cámaras dispuestas por municipios.

La nueva ley debe ser reglamentada y promulgada por el Poder Ejecutivo y se espera también que de detalles sobre la incorporación de Inteligencia Artificial, y su marco normativo, para identificar rostros y patentes de vehículos.