Con la perspectiva para la votación en general favorable al Gobierno, los senadores de Unión por la Patria avanzaron con las estrategias que venían explorando para el debate en particular e iniciaron conversaciones con el radical Martín Lousteau, autor de un dictamen de minoría alternativo al del oficialismo. En las horas que restan hasta la sesión del miércoles habrá negociaciones y cálculos finos de los votos, con el propósito de modificar los proyectos de Ley de Bases y el paquete fiscal, que en ese caso volverán a tratarse en Diputados.

El objetivo de máxima del peronismo será imponerse en la primera votación, la general, para de ese modo voltear la iniciativa de Javier Milei. Aun cuando desde el oficialismo evitan transmitir un pronóstico triunfalista, en Unión por la Patria prácticamente descuentan que no conseguirán los votos en esa primera instancia.

El caso es que no habrá un único dictamen en discusión. Además del propuesto por el oficialismo, el legislador y presidente de la UCR, Martín Lousteau defenderá uno propio en la misma sesión. Ya lo había adelantado en el último debate en el recinto y ahora fuentes cercanas al senador lo confirmaron. Hay disidencias en puntos clave y no anticipa cómo votará el proyecto del Ejecutivo: “Martín va a defender el suyo, no anticipamos más nada”.

El primero de ellos tiene que ver con uno de los más controversiales: la emergencia pública y la delegación de facultades. Mientras el del Gobierno propone una amplia en materia administrativa, económica, financiera y energética, “el de Lousteau no declara la emergencia y, por lo tanto, no hay delegaciones en este sentido”, confiaron desde su equipo.

También hay fuertes discrepancias con otro tema de larga discusión, como los fondos fiduciarios. El del oficialismo establece que el Ejecutivo puede modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos. En cambio, el dictamen del radical señala que “en ningún caso podrá ampliar o reemplazar el objeto de los fondos fiduciarios existentes. Así, evita que se utilicen fondos existentes para otras finalidades”.

Además, aparecen diferencias sobre las tan mentadas privatizaciones. El dictamen del Gobierno declara “sujeta a privatización” las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado nacional enumeradas en el anexo I, como Aerolíneas Argentinas, Energía argentina, Radio y televisión argentina e Intercargo SAU, el correo, Aysa, Belgrano Cargas, Sociedad operadora ferroviaria y corredores viales. Lousteau excluye al Correo Argentino, Radio y TV Argentina y a Aerolíneas de la lista de empresas a privatizar.

Uno de los puntos que más cuestionó el referente radical fue el apartado del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sostiene que el dictamen del gobierno “los exime de retenciones. También de ingresos brutos. No les aplica el impuesto PAIS ni la tasa de estadística y pueden importar absolutamente cualquier cosa sin restricciones ni aranceles. Además, si exportan no deben traer los dólares del exterior y tienen garantizado el acceso al mercado cambiario local al tipo de cambio oficial”. En contrapartida, propone “que se apruebe la media sanción que viene de la HCD para el caso del GNL, con inversiones proyectadas en más de 30.000 millones. Allí todo lo que en el RIGI es problemático está salvado”.

En tanto, el dictamen de Lousteau abarca un área que omite el del oficialismo: el financiamiento educativo. “Se aprueba la actualización bimestral del crédito presupuestario para financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales de las universidades nacionales y las cuotas respectivas en función de la evolución de la inflación. Se establece una modificación al artículo 58 de la Ley N° 24.521 estableciéndose parámetros para la distribución del aporte del Estado a las Universidades Nacionales. Se declara la Educación como servicio esencial”, indicaron.

Otro punto fundamental que cuestiona el radical es la Ley de Blanqueo. La propuesta del Gobierno contempla que los que ingresen a este beneficio no podrán entrar a otro durante diez años. Esto deja la chance abierta a que futuras administraciones modifiquen este apartado. Lousteau propone que no puedan entrar quienes hayan estado en los últimos dos blanqueos de gobiernos anteriores. También pide excluir a procesados por lavado de dinero, no residentes en Argentina y testaferros.

Una diferencia sustancial es la que Lousteau propone en torno a la obra pública: pide que no se frene y que el Estado termine aquellas que estén avanzadas en un 75%.

Es así que el radical propone cambios en más de 30 puntos, mientras se muestra cada vez más alejado del oficialismo.

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