Se trata de cartas, fotos y libros relacionados con figuras clave de la historia nacional que estaban a punto de ser subastados.
Una investigación por tráfico ilícito de bienes culturales permitió recuperar más de 200 documentos relacionados con el General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas y Juan Martín de Pueyrredón, entre otros próceres nacionales. Todo el material, que incluía cartas, fotos y libros, estaba a punto de ser subastado por 100 mil dólares.
El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la Dirección General de Cooperación Internacional de la Policía Federal Argentina (PFA), luego de que se detectara que las mencionadas piezas estaban siendo ofertadas en una casa de subastas ubicada sobre la calle Rodríguez Peña al 1700, en el barrio porteño de Recoleta.
La investigación se inició a partir de las tareas de prevención que habitualmente desarrolla el Departamento Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, mediante el monitoreo y la verificación de múltiples sitios de subastas y páginas de compra y venta online.
De eta forma, los investigadores detectaron que, a través de un sitio web de acceso público, se ofrecía a la venta un lote compuesto por más de 200 documentos históricos, entre ellos recortes periodísticos, libros, fotografías y diversa documentación vinculada a próceres, instituciones y organismos del Estado Nacional y Provincial argentino.
Entre lo elemento se destacan varias cartas del General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear, Gregorio Aráoz de Lamadrid, entre otros.
Gracias a sus características, tipografía, sellos y datación, las piezas evidenciaban encontrarse presuntamente alcanzadas por las disposiciones de la Ley N.º 15.930, que regula la protección documental bajo la órbita del Archivo General de la Nación.
Una vez que se reunieron todas las pruebas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo de juez Ariel Lijo, con intervención de la Secretaría N.º 7 a cargo de Diego Fernando Arce, ordenó que se lleve a cabo un allanamiento en el domicilio señalado.
Durante el procedimiento se recuperó la totalidad de la documentación, la cual luego fue trasladado a una dependencia policial en calidad de depósito judicial.
Tras el hallazgo, los elementos secuestrados quedaron a disposición del magistrado interventor para que se lleven a cabo las pericias pertinentes.