El empresario se ganó la confianza de los padres y terminó involucrando a los compañeros de colegio de su hijo en su universo perverso. En el expediente se detallan las dramáticas situaciones a las que fueron sometidos: apuestas ilegales, ingesta de alcohol, tocamientos y exposición a material pornográfico.
EMarcelo Porcel, un empresario acusado de delitos sexuales contra diez adolescentes, fue finalmente monitoreado con una tobillera electrónica después de ser visto públicamente a pesar de una orden judicial previa. Los denunciantes, compañeros de escuela de sus hijos, tenían entre 11 y 15 años en el momento de los presuntos abusos.
La decisión de los padres de denunciar no fue fácil. Una madre relata cómo descubrieron la verdad, el impacto de los testimonios de sus hijos y su eventual decisión de romper el silencio. El horror surgió inesperadamente dentro de la confianza de su comunidad en el Colegio Palermo Chico, una institución bilingüe exclusiva donde las familias compartían una estrecha relación.
En este ambiente de confianza mutua, y mientras los hijos comenzaban la adolescencia, Porcel, un empresario de recursos superiores, se ganó la confianza de los padres al ofrecer constantemente su tiempo y ayuda. Las madres relatan un proceso "lento, paciente y calculado" en el que Porcel se integró, solucionaba problemas y ofrecía recursos, lo que llevó a que se bajaran las alertas. Los adolescentes, influenciados por la confianza de sus padres, lo veían como "uno de los nuestros".
Esta confianza fue explotada para acercarse a los jóvenes, utilizando encuentros sociales y reuniones familiares como puerta de entrada. En este contexto, se desarrollaron situaciones de apuestas ilegales, consumo excesivo de alcohol, exposición a pornografía y actos invasivos. Las madres describen episodios de manoseo, tocamientos y filmaciones de sus hijos desnudos, a menudo bajo la influencia del alcohol, como una traición a la confianza.
A pesar del dolor y la culpa inicial por no haber percibido el peligro, las diez familias de las víctimas han decidido denunciar. Comprendiendo que el silencio no repara y que la vergüenza recae en el agresor, no en las víctimas, han acudido a la justicia. Su objetivo no es la venganza, sino asegurar que la ley actúe y demostrar a sus hijos que aún existen adultos dispuestos a protegerlos, decir la verdad y luchar por ellos.