Los recursos de los sospechosos en un caso de usura se basaron en el argumento de la defensa de que la investigación se basó únicamente en grabaciones telefónicas de "chismes", sin pruebas de que el dinero ingresara a Argentina. Afirmaron que las tasas de interés de los préstamos eran un 10% razonable durante seis meses, más bajas que las tasas bancarias, y negaron cualquier amenaza durante el cobro de deudas, afirmando que se "esperaba a que los prestatarios pudieran pagar".
La fiscalía respondió con grabaciones telefónicas que revelaban una tasa de interés del 30% en 40 días y la posesión de armas de fuego por parte de los prestamistas para intimidar. Una grabación capturó al presunto líder, Larly Isidoro Céspedes (35), conocido como "El Patrón", amenazando a un hombre con un arma.
Los jueces Juan Perez Curci y Manuel Alberto Pizarro confirmaron el procesamiento de siete sospechosos, concediendo arresto domiciliario a todos menos a "El Patrón", quien permanece en prisión federal.
Los fiscales identificaron a Céspedes como el líder nacido en Bogotá, residente en Guaymallén con su pareja, Natalia Denise López (25), también imputada. Richard Alexander Ayala (33), presuntamente la mano derecha de "El Patrón", y Stefania Vera Rolón (35), enfrentan cargos de usura y lavado de dinero. Brayan Steven Díaz (36) gestionaba préstamos en San Rafael, mientras que Sandra Patricia Quinteros (59) y Allison Antonella Jordan (28) también participaron.
La fiscalía cree que la organización lavó dinero del narcotráfico extranjero en Argentina, utilizándolo para préstamos "gota a gota": pequeños préstamos con altos intereses y requisitos mínimos, dirigidos a quienes no tienen acceso a la banca formal. Los prestamistas operaban un servicio de entrega a través de motocicletas. Las autoridades incautaron seis camiones, dos automóviles y más de 20 motocicletas durante la investigación.
Las ganancias de las altas tasas de interés se utilizaron para expandir el capital y abrir dos mueblerías, "Deco Style", en Maipú y San Rafael. Los investigadores sospechan que estas tiendas, junto con varias corporaciones - Inversiones Amblik, Grupo Saali Inversiones y Bitidek - sirvieron como fachadas para lavar las ganancias ilegales de los préstamos.