El gobierno nacional avanza con su plan de ajuste estatal, confirmando modificaciones en siete entidades clave del sector agroindustrial, incluyendo el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el INTA y el INTI.

El Ministerio de Economía anunció que el INV se transformará en una "unidad organizativa" dependiente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, manteniendo su nombre pero recortando su presupuesto anual de $12.120 millones. Según la cartera económica, esta medida responde a la "excesiva actividad fiscalizadora" del INV, que genera "sobrecostos, burocracia y distorsiones" que afectan la competitividad, especialmente de los pequeños productores. La certificación de calidad se mantendrá, pero será de carácter voluntario.

Otro organismo afectado es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), considerado "sobredimensionado". El INTA pasará a ser un ente desconcentrado enfocado en la innovación y la transferencia tecnológica, dejando de lado el extensionismo, la agricultura familiar y la agroecología. El gobierno justifica el ajuste en el INTA, que cuenta con 6.000 agentes y un presupuesto de $229.000 millones, argumentando que "se desvió de su propósito original" y fue utilizado como "herramienta de militancia política", además de presentar "ineficiencia" y "mala administración de los recursos públicos".

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