Cuando Luca nació en un hospital de Perth hace dos años, el mundo de sus padres dio un vuelco inesperado.

Con la alegría llegó un diagnóstico impactante: Luca tenía fibrosis quística. Entonces Australia, el hogar de Laura Currie y su marido Dante durante ocho años, les dijo que no podían quedarse permanentemente, que Luca podría suponer una carga económica para el país.

"Creo que lloré durante una semana. Lo siento muchísimo por Luca", dice Laura. "Es un niño indefenso de dos años y medio que no merece ser discriminado de esa manera".

Con un tercio de su población nacida en el extranjero, Australia se considera desde hace tiempo una "nación de emigrantes", un hogar multicultural que le promete a los extranjeros un trato justo y un nuevo comienzo. La idea forma parte de su identidad. Pero la realidad suele ser distinta, sobre todo para quienes padecen una discapacidad o una enfermedad grave.

Es uno de los pocos países que rechaza de forma sistemática los visados de inmigrantes por sus necesidades médicas, concretamente si el coste de los cuidados supera los 86.000 dólares australianos (US$57.000) durante un máximo de 10 años. Nueva Zelanda tiene una política similar, pero la de Australia es más estricta.

El gobierno defiende la ley como necesaria para frenar el gasto público y proteger el acceso de los ciudadanos a la sanidad. Dice que estos visados no se rechazan técnicamente. Pero tampoco se conceden.

Algunos pueden solicitar una dispensa, aunque no todos los visados lo permiten. También pueden recurrir la decisión, pero el proceso es largo y costoso.

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