Una enorme e inexplicable "casualidad" se repite de manera sistemática en los tribunales de Mendoza. El mecanismo es tan veloz como implacable: a solo 11 días de ingresar en mora, una empresa mediana o grande se encuentra con una demanda judicial ejecutiva y un embargo bancario masivo sobre sus cuentas. No importa si la deuda fue pagada antes del inicio de la demanda, ni si el reclamo se interpone el mismo día del pago: la maquinaria judicial se activa con una celeridad asombrosa, orientada a un único fin real que nada tiene que ver con el interés público: la caja de los honorarios profesionales.

Este seria el modus operandi que rodea las reiteradas causas iniciadas por el recaudador Alejandro López Cuitiño, un nombre que ya se habría vuelto una constante en los pasillos de tribunales y en las denuncias de al menos cinco grandes empresas de la provincia que por casualidad o suerte en los sorteos, siempre le caen a dicho profesional..

La gravedad de la situación radica en la distorsión absoluta del derecho y de las facultades delegadas por el Estado. En los casos denunciados, tras el pago del capital sustancial, el reclamo muta hacia conceptos irrisorios, como un supuesto "interés capitalizable" que apenas representa el 3% de la deuda total. Una verdadera vergüenza jurídica que sirve de excusa para mantener activa una demanda. Sin embargo, la verdadera mala fe procesal se consolidaría en la traba del embargo: se incluiría maliciosamente el total del capital ya cancelado para forzar una asfixia financiera total sobre la empresa damnificada.

La asimetría del sistema seria escandalosa. Para congelar los fondos de una compañía y poner en riesgo el pago de salarios, proveedores y el giro comercial, el recaudador fiscal necesita apenas 11 días. Pero cuando la empresa demuestra el pago, cumple con los ridículos honorarios exigidos y solicita recuperar la disponibilidad de sus activos, el expediente se congela. Han pasado ya 30 días y el embargo de la empresa denunciante seguiría firme. La celeridad que abunda para castigar desaparecería por completo a la hora de reparar el error o levantar la medida cautelar injustificada.

La recurrencia de estos episodios, concentrados llamativamente en el mismo profesional y afectando a los motores productivos de Mendoza, destruiría la teoría del error administrativo. Estamos ante una matriz de persecución fiscal y económica que utiliza las herramientas del Estado en beneficio particular?

Frente a este escenario de desamparo, cabe hacer una pregunta incómoda pero urgente: ¿Alguien va a sancionar institucionalmente estos abusos, o las empresas mendocinas deberán seguir indefensas? El silencio del Colegio de Abogados, de las autoridades nacionales, y de los organismos que otorgan estas matrículas de recaudación es ensordecedor. Si quienes tienen la competencia legal de controlar el ejercicio ético y formal de la profesión miran hacia el costado, este diario continuará exponiendo con nombre y apellido los abusos de un sistema que dejó de recaudar para pasar a extorsionar.