Cobrar impuestos es una obligación del Estado. Nadie discute eso.

Pero hay una diferencia entre cobrar y asfixiar.

Si un contribuyente tiene un inmueble, un vehículo o bienes suficientes para garantizar una deuda, ¿por qué ir directamente a la cuenta bancaria, que es precisamente donde está el dinero para pagar sueldos, proveedores y mantener viva una empresa?

Embargar un bien garantiza.

Embargar una cuenta puede destruir.

Y esa decisión debería ser revisada con extrema prudencia.En este circuito aparece la actuación profesional de Claudia Eepelman en procesos de apremio fiscal. No corresponde atribuirle irregularidades sin pruebas. Pero sí corresponde exigir transparencia sobre cómo funciona el sistema, qué criterios se utilizan para pedir embargos y quién controla que no sean desproporcionados.

A esto se suma otro cuestionamiento grave: contribuyentes que sostienen que no toman conocimiento efectivo del procedimiento y descubren el problema cuando el embargo ya cayó sobre su cuenta. Si las notificaciones son legales, el Estado y la Justicia deberían demostrar que también fueron suficientes para garantizar una defensa real y no simplemente cumplir una formalidad escondida dentro de un expediente. 

Notificaciones dejadas en ascensores o debajo de puertas en domicilios no declarados, todo es valido para algunos notificadores que aveces son los cónyuges de los abogados, todo raro, lo mas extraño es que nadie quiera investigar, ni justicia, ni rentas, solo los contribuyentes.

 Hubo un caso muy particular sobre esto, la notificación dejada por un oficial de justicia en una oficina por debajo de la puerta con fecha y hora, cuando se revisaron las cámaras de dicha empresa a esa hora no figura nadie, se presento a la justicia, nada ocurrió, el cónyuge de la abogada era el notificador. No hubo castigo y la empresa fue obligada a pagar. Una vergüenza, hoy evalúa denuncias penales.

Y aquí aparece la gran pregunta sobre los tribunales tributarios:

¿Controlan realmente o terminan dándole siempre la razón al Fisco?

No corresponde decir que existen acuerdos indebidos sin pruebas. Pero cuando el ciudadano siente que el Estado reclama, el ejecutor pide, el juez concede y la cuenta queda bloqueada, la falta de un control visible alimenta una desconfianza que las propias instituciones deberían despejar.

Porque un juez no está para convertirse en una oficina de trámite del organismo recaudador.

Está para controlar al poder.

Mendoza golpea y la Nación no se queda atrás

Y el problema no termina en Mendoza.

También está ARCA, el organismo nacional de recaudación.

Resulta por lo menos una contradicción política monumental escuchar al presidente Javier Milei repetir que el Estado es una organización que vive de los impuestos de los privados, que hay que reducir su peso y terminar con los abusos burocráticos, mientras el aparato recaudador nacional mantiene una capacidad feroz para perseguir deudas y trabar medidas contra contribuyentes.

El discurso dice una cosa.

La maquinaria estatal hace otra.

Las empresas están con ventas complicadas, consumo débil, costos elevados y dificultades para financiarse.

Entonces la pregunta es elemental:

¿Dónde está la ayuda?

Porque no alcanza con decir que se bajarán impuestos en algún momento.

Hoy hay empresas que necesitan respirar.

Y un Estado que habla de libertad económica pero mantiene mecanismos capaces de paralizar cuentas y poner contra las cuerdas a una pyme en pocos días tiene una contradicción que no puede esconder.

No se puede denunciar al Estado voraz desde un atril y después permitir que el mismo Estado siga funcionando como una máquina recaudatoria sin sensibilidad frente a la realidad económica. 

Y conste que yo apoyo a este gobierno, pero esto NO

Cobrar sí. Ahogar no.

El que debe impuestos debe pagarlos.

Pero el Estado tiene que demostrar que entiende la diferencia entre recuperar una deuda y destruir al que todavía produce, trabaja y da empleo.

Hoy Mendoza y la Nación deberían preguntarse menos cuánto pueden embargar y más cómo evitar que una empresa cierre.

Porque una empresa cerrada no paga impuestos.

Un trabajador despedido no genera recursos.

Y un empresario que pierde la confianza no vuelve a invertir.

Por eso la pregunta debe quedar planteada:

¿Van a seguir embargando cuentas como si la economía fuera normal o van a diseñar mecanismos para que el contribuyente pueda pagar sin ser destruido en el intento?

El Estado argentino -provincial y nacional- debería dar una respuesta.

Porque mientras los discursos hablan de libertad, inversión y apoyo al sector privado, muchos contribuyentes siguen viendo la misma realidad:

primero el embargo, después la explicación.

Y así no se construye un país que crece.

Se construye un Estado que sigue tratando al que produce como una caja para vaciar