Existe una contradicción evidente en el escenario actual.

El Gobierno nacional asegura que busca un país donde el sector privado vuelva a invertir, generar empleo y arriesgar capital. Habla de libertad económica, de reducir el peso del Estado y de devolverle protagonismo al empresario.

Sin embargo, mientras ese discurso se repite en los atriles, miles de contribuyentes descubren que, para el aparato recaudador, siguen siendo poco más que presuntos culpables con CUIT.

En Mendoza la historia se repite cada semana. Una empresa atraviesa un bache financiero, demora el pago de una obligación tributaria y, casi sin margen para recuperarse, aparece la maquinaria judicial. Intimaciones, ejecución fiscal, embargo, costas, intereses y honorarios. Todo ocurre con una velocidad que contrasta de manera llamativa con la lentitud con la que el propio Estado devuelve créditos fiscales, resuelve reclamos administrativos o paga sus propias deudas.

La asimetría resulta evidente. El Estado puede demorarse meses o años; el contribuyente, en cambio, parece no tener derecho ni a respirar.

Frente a esta dinámica, surge una pregunta sobre el funcionamiento del sistema: ¿el objetivo prioritario es cobrar impuestos o alimentar una maquinaria de expedientes judiciales?

Porque cuando un proceso se convierte casi automáticamente en un juicio, aparecen intereses, costas y honorarios que multiplican el monto original. El problema deja de ser únicamente la deuda tributaria. Empieza a operar una estructura donde cada ejecución incorpora nuevos costos para quien ya estaba en dificultades, alimentando dudas sobre el rol y el beneficio de letrados recurrentes en estos procesos, como López Cuitiño o Valentina Beuret. Coincidencias y dinámicas que abren interrogantes sobre las verdaderas motivaciones detrás de la celeridad judicial.

Lo más llamativo es el acortamiento de los tiempos: si anteriormente debían transcurrir diez días hábiles desde el vencimiento hasta la posibilidad de iniciar acciones, hoy ese plazo parece haberse reducido a apenas tres días. ¿Cabe preguntarse si estamos ante una política pública orientada a la eficiencia o ante un entramado legal que desprotege al contribuyente en favor de la voracidad recaudadora y del negocio de las costas?

Mientras tanto, el empresario pierde liquidez, ve inmovilizadas sus cuentas, incumple con proveedores, deja de invertir y muchas veces termina despidiendo trabajadores. Todos pierden, excepto el sistema.

Resulta paradójico que el mismo Estado que dice combatir la burocracia termine convalidando un mecanismo donde el expediente parece tener más importancia que la producción.

En Mendoza esto adquiere un dramatismo especial. La construcción aún no recupera su nivel histórico, el comercio sobrevive con ventas débiles, muchas industrias trabajan con márgenes mínimos y el crédito continúa siendo escaso. En semejante escenario, responder con embargos automáticos frente a atrasos coyunturales no parece una política inteligente, sino un esquema recaudatorio que ignora la realidad económica.

Ningún empresario serio pretende no pagar impuestos. Lo que se reclama es proporcionalidad: no es lo mismo un evasor recurrente que una empresa que lleva décadas pagando, mantiene decenas de puestos de trabajo y sufre un problema transitorio de caja. Cuando el Estado deja de distinguir entre ambos, deja de administrar justicia tributaria y comienza a administrar incertidumbre.

Una economía no crece con miedo, crece con previsibilidad y cuando se comprende que una empresa activa vale infinitamente más que una empresa embargada. Un embargo puede cerrar una PyME en cuestión de días; reconstruir esos empleos y recuperar la confianza puede llevar una década.

Cabe remarcar que este medio intentó comunicarse de manera reiterada tanto con autoridades de ARCA como con los letrados ejecutores intervinientes para obtener precisiones sobre los criterios de asignación, las órdenes de inicio y la aceleración de estos plazos, sin haber obtenido hasta el momento respuestas oficiales que permitan esclarecer las inconsistencias señaladas.