Hay una frase que suele repetirse cuando alguien ya no tiene argumentos para discutir los hechos: "Todo fue una persecución". Y eso es exactamente lo que vuelve a intentar instalar Cristina Fernández de Kirchner en su carta pública después de su condena en la causa Vialidad.

Nadie discute su derecho a defenderse. Como cualquier ciudadano, puede recurrir a todas las instancias judiciales nacionales e internacionales que considere necesarias. Lo preocupante es otra cosa: que se pretenda convencer a los argentinos de que una condena construida durante años, respaldada por un enorme volumen de pruebas y revisada por múltiples tribunales, no fue el resultado de un proceso judicial sino de una conspiración política... y ahora, incluso, de una supuesta persecución por ser mujer.

Esa afirmación no resiste un análisis serio.

La causa Vialidad acumuló miles de fojas, documentación oficial, licitaciones, contratos, pericias técnicas, declaraciones de testigos y una extensa producción de prueba debatida en un juicio oral y público. No fue una sentencia improvisada ni el capricho de un juez.

Además, participaron magistrados de todas las instancias: el Tribunal Oral, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. Y un dato que muchas veces se omite: buena parte de esos jueces fueron designados durante los gobiernos de Néstor Kirchner o de la propia Cristina Fernández. Entonces, ¿también ellos formaban parte de la supuesta persecución? ¿También ellos integraban el famoso "lawfare" que hoy denuncia su defensa?

La estrategia parece evidente: correr el eje de la discusión. Ya no hablar de la prueba, sino de la víctima. Ya no discutir los fundamentos de la condena, sino denunciar una supuesta discriminación de género. Es un argumento con enorme carga política, pero extremadamente débil desde el punto de vista jurídico si no viene acompañado de pruebas concretas.

Tampoco pasa inadvertida la conformación del equipo que impulsa la ofensiva internacional. El español Javier Borrego, un jurista que en España fue objeto de fuertes cuestionamientos públicos por expresiones realizadas ante el Congreso, y el brasileño Rafael Valim, reconocido especialista en la teoría del lawfare y uno de los abogados que participó en la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante las causas por corrupción que enfrentó en Brasil. Claramente, la estrategia no apunta solamente al expediente. Busca instalar un relato político en los organismos internacionales.

Pero los organismos internacionales no deberían reemplazar el análisis de la prueba por discursos ideológicos. Porque aquí no se está discutiendo una opinión. Se está discutiendo una condena que atravesó todas las garantías del debido proceso, con años de investigación, derecho de defensa, revisión judicial y sentencia confirmada por las máximas instancias del país.

En una República nadie está por encima de la ley. Ni un ciudadano común... ni una expresidente.

Y quizás esa sea la verdadera discusión de fondo. Si aceptamos que cada vez que una sentencia no nos gusta alcanza con denunciar persecución política, lawfare o discriminación para desconocerla, entonces dejamos de confiar en la Justicia y empezamos a creer únicamente en el poder del relato.

Y cuando el relato pretende reemplazar a los hechos, lo que termina en crisis no es una sentencia. Es la República misma.