Por Mateo Coria

Cuando el gobernador Alfredo Cornejo afirma que Mendoza necesita más empresarios dispuestos a invertir, el planteo parece razonable. Ninguna provincia crece sin inversión privada. Pero el verdadero debate no debería ser si hace falta invertir más. Debería ser por qué quienes llevan décadas invirtiendo con capital propio sienten que cada vez encuentran menos respaldo.

Existe una contradicción difícil de explicar.

Por un lado, el Gobierno suele cuestionar la concentración económica, los privilegios y la necesidad de construir una economía más competitiva. Sin embargo, buena parte de las grandes contrataciones públicas continúa concentrándose en un reducido grupo de empresas que históricamente trabajan con el Estado. Si esa concentración es un problema, resulta difícil entender por qué el propio Estado continúa recurriendo, una y otra vez, a los mismos actores.

Por otro lado, están quienes han construido patrimonio invirtiendo en Mendoza sin depender principalmente de lo público. Empresas y grupos privados que durante décadas apostaron por centros comerciales, hoteles, viñedos, agricultura, salud, construcción, logística y turismo con riesgo empresario y capital propio.

La pregunta es sencilla: si estos empresarios son precisamente los que el Gobierno dice querer multiplicar, ¿por qué son también quienes reclaman sentirse más solos?

No son dirigentes políticos quienes lo dicen. Lo dicen las propias entidades empresarias. Más de veinticinco cámaras de Mendoza solicitaron al Gobierno provincial medidas urgentes para enfrentar la crisis: suspensión de embargos, alivio fiscal, financiamiento y herramientas para sostener la actividad. Nadie pidió subsidios extraordinarios. Pidieron condiciones para seguir produciendo.

La economía mendocina explica buena parte de ese reclamo.

El propio Consejo Empresario Mendocino mostró que entre 2014 y 2024 el Producto Bruto Geográfico de Mendoza prácticamente no creció: cayó un 0,3% en términos reales. Durante ese período también se registró una caída del 13% real en la recaudación de Ingresos Brutos y un desplome del 35% en el valor real de las regalías petroleras desde 2016, acompañado por una reducción cercana al 25% en la producción de petróleo provincial. Son indicadores de una economía que lleva años sin encontrar un sendero sólido de expansión.

Incluso el propio presidente del Consejo Empresario Mendocino reconoció recientemente que entre 2011 y 2023 el producto de la provincia apenas creció un 3% en términos reales, mientras el ingreso por habitante cayó cerca de un 10%, reflejando una década de estancamiento económico.

Frente a ese escenario, resulta lógico preguntarse si alcanza con reclamar más inversiones.

Invertir no depende solamente de la voluntad del empresario. También depende del contexto. Depende de la rentabilidad, de la estabilidad jurídica, del acceso al crédito, de la presión tributaria y de la previsibilidad.

Cuando una empresa atraviesa dificultades financieras y su principal preocupación pasa a ser enfrentar embargos, ejecuciones fiscales o sostener su capital de trabajo, la capacidad de reinvertir inevitablemente disminuye. Esa preocupación fue planteada formalmente por las cámaras empresarias mendocinas y refleja el clima que vive buena parte del sector productivo.

El Gobierno responde con argumentos atendibles. Destaca el equilibrio fiscal, la reducción gradual de Ingresos Brutos, la futura eliminación del Impuesto de Sellos y una inversión pública que proyecta alcanzar uno de los niveles más altos de las últimas décadas. También sostiene que hoy existe mayor transparencia y competencia en las licitaciones públicas.

Pero allí aparece nuevamente la contradicción.

Si el objetivo es fortalecer al empresario que arriesga su patrimonio, genera empleo y apuesta por Mendoza, el éxito no debería medirse únicamente por la cantidad de obra pública ejecutada ni por el equilibrio de las cuentas fiscales. También debería medirse por la cantidad de empresas privadas que nacen, crecen, reinvierten y permanecen en la provincia.

Porque la verdadera riqueza de Mendoza no la genera el Estado. La generan miles de empresarios que todos los días comprometen su patrimonio para abrir un comercio, levantar un edificio, plantar un viñedo, construir un hotel, desarrollar una industria o sostener una PyME.

Son ellos quienes, aun en medio del estancamiento económico, siguen creyendo en Mendoza.

Y existe una última contradicción que resulta difícil de comprender.

Cuando la caída de la recaudación afecta las cuentas provinciales, el Gobierno considera razonable solicitar asistencia financiera o anticipos de fondos al Gobierno nacional para sostener el funcionamiento del Estado. Es decir, reconoce que un contexto económico adverso puede justificar un apoyo extraordinario.

Sin embargo, cuando ese mismo contexto golpea a quienes producen, invierten y generan empleo, la respuesta suele ser diferente. Las cámaras empresarias piden alivio fiscal, suspensión de embargos, financiamiento o herramientas para atravesar la crisis y reciben como explicación que "no están dadas las condiciones" para otorgar esos beneficios porque deben preservarse las cuentas públicas.

La pregunta es inevitable: ¿por qué la lógica que resulta válida para el Estado provincial cuando enfrenta dificultades financieras deja de ser válida para el sector privado cuando atraviesa exactamente el mismo problema?

Si la caída de la actividad y de la recaudación justifican que la Provincia solicite ayuda para sostener sus obligaciones, también debería comprenderse que quienes generan la riqueza sobre la que luego se recauda necesiten herramientas para superar la crisis.

Después de todo, el Estado puede pedir asistencia y seguir funcionando. Una empresa que cierra sus puertas no tiene esa posibilidad. El Estado puede recuperar recursos con el tiempo. El empresario que pierde su capital, despide trabajadores o abandona un proyecto difícilmente vuelva a invertir con la misma confianza.

La inversión privada no se construye con discursos. Se construye con confianza. Y la confianza comienza cuando quienes más arriesgan perciben que el Estado los considera aliados del desarrollo y no simplemente una fuente permanente de recaudación.