En el Gobierno hay alivio porque se frenó la caída de la imagen de Javier Milei, pero por lo menos dos miembros de la mesa política tienen miedo de que la demorada publicación de la declaración jurada de Manuel Adorni vuelva a poner el escándalo sobre el tapete.
En el Gobierno hay alivio, pero también temor. Alivio, porque se frenó la caída de la imagen de Javier Milei. Y porque el humor social empezó a virar del modo "enojo" hacia la el sentimiento de "mayor tolerancia frente al mal menor". Un respetado consultor que le envía datos al presidente me dijo: "Se registra un notable cambio de clima. Los números de la encuesta que estoy terminando le darán a Milei mucho mejor que abril".
Sin embargo, por lo menos dos miembros de la mesa política tienen miedo de que la demorada publicación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que será antes del 15 de junio, vuelva a poner el escándalo sobre el tapete.
¿Aprovechará el jefe de Gabinete la distracción del Mundial, que empieza el 11 de junio, para evitar una nueva reacción en cadena? Todo parece indicar que Adorni explicará sus compras y sus gastos a través de la herencia recibida de su padre y la tenencia de criptomonedas.
Pero lo más seguro es que, a partir de ahora, las referencias sobre el seleccionado argentino aparecerán en cada presentación del presidente, como sucedió con la última, en el Latam Economic Forum.
Por otra parte, las últimas noticias parecen acompañar la narrativa oficial que le ayudó a La Libertad Avanza a ganar las últimas dos elecciones nacionales.
La más reciente: el asesinato de la menor Agostina Vega, a manos de Claudio Barrelier, un empleado público, kirchnerista, con un conchabo en la intendencia de Córdoba.
Porque las patéticas respuestas que dio el fiscal federal Raúl Garzón en la conferencia de prensa del sábado siguen generando reacciones en cadena.
Pero tampoco parece afectar a la imagen del gobierno la detención de Facundo Leal, expresidente de Arsat, la empresa argentina de soluciones satelitales.
Al todavía funcionario, propuesto por Sergio Massa, le acaban de encontrar, en sus domicilios particulares de Palermo Chico, en la ciudad y Chacras de Coria, en Mendoza:
Más de 2 millones y medio de dólares en efectivo.
14 gramos de cocaína.
128 gramos de ketamina.
164 gramos de cristal MDMA.
72 pastillas de MDMA.
Un vapeador con cannabis
Y 15 cucharas junto a los estupefacientes y 15 bolsas plásticas que estarían asociadas con el uso de drogas.
Mientras tanto, crece la certeza de que la justicia de los Estados Unidos va a investigar a fondo a Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino por los delitos de lavado de dinero, desvío de fondos y evasión fiscal.
¿Terminará el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, convalidando, con su accionar, la sospecha de que está protegiendo tanto a Tapia como a Toviggino, a través de sus fiscales y jueces amigos?
¿Insistirán los senadores de La Libertad Avanza con la supuesta orden de Karina Milei de retirar el pliego de María Verónica Micheli para presentarse como candidata a jueza del Tribunal Oral Criminal 3 de La Plata solo, por ser la cuñada del periodista Hugo Alconada Mon?
¿Y qué postura tomará en el asunto la presidente del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich?
Porque en realidad, además de haber pedido que Adorni presente su declaración jurada cuanto antes, a Bullrich se le atribuye haber dicho, en la última cena de la Fundación Libertad, a un colega: "Vos son parte del 95 por ciento de los periodistas a los que quiero" Y eso, en obvia discordancia con la muletilla que Milei repite cada dos por tres: "El 95 por ciento de los periodistas son corruptos, delincuentes, o ensobrados".
También es una incógnita hasta dónde avanzará la Justicia con la causa que más dinero involucra en perjuicio de estado: la del denominado sistema Sira, con la que financistas como Elías Piccirillo y Martín Migueles, a través del cobro de coimas, se habrían apropiado de cientos de miles de dólares en el medio de la restricción del cepo.
Porque la existencia de un supuesto video en el que Jesica Cirio aparece contando dólares de una manera un tanto inapropiada parece un interesante dato de color.
¿Pero cuándo empezarán a investigar a los altos funcionarios responsables de repartir los permisos para importar con "el dólar oficial" en tiempos donde llegó a detectarse una brecha de más del 300 por ciento?
El juez que tiene la causa es Ariel Lijo. Sin embargo, quien impulsa la investigación es el fiscal Franco Picardi. ¿Se atreverá Piccardi a llamar a declarar, por ejemplo, al exministro de Economía, Sergio Massa, el expresidente del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, o el exsecretario de Comercio, Matías Tombolini?