En busca de la verdad
En busca de la verdad
El caso Adorni viene siendo el gran estimulador de la negatividad en la conversación pública de los argentinos, un contexto de crispación de las redes en niveles inéditos desde 2023.
La conversación digital de los argentinos muestra un clima social más áspero, con la negatividad en alza por cuarto mes consecutivo y un universo emocional dominado por fuerte sentimientos como la culpa, el odio, la tristeza, la preocupación, el enojo y la venganza.
En este clima social tan adverso, el caso de Manuel Adorni aparece como el segundo nombre más dominante en la charla digital local detrás del de Javier Milei, asociado a un debate digital que inflige un daño reputacional al corazón mismo del poder libertario.
Ante este escenario, cabe preguntarse si el Presidente, en modo "bombero incendiario" debe moderar su discurso buscando bajar la tensión pública o bien continuar con un agite político dañino para el humor de los argentinos.
Desde el punto de vista institucional, un gobierno puede tener margen formal para tomar decisiones, con el riesgo de perder margen social para sostenerlas.
Abril mostró precisamente este problema: la conversación de los argentinos en redes sociales develó una negatividad que combinó el malestar social general, la crisis política de gobierno de Javier Milei, en un texto de ansiedad pública potenciada por ambos fenómenos.
En ese contexto, la gobernabilidad de Milei enfrenta un riesgo: que la confrontación permanente, que pudo haber servido como combustible electoral o como técnica de cohesión del núcleo duro, empiece a rendir cada vez menos como herramienta de gobernabilidad.
La motosierra comunica mejor cuando promete futuro, pero impacta peor cuando el público empieza a agitar sentimientos de culpa, odio, preocupación y desesperación.
La llamada polarización afectiva, como fenómeno en cuestión, puede amenazar la cohesión social, obstaculizar la formulación efectiva de políticas públicas y aumentar la distancia social entre grupos políticos.
Lo que luce como una decisión de riesgo, para los libertarios pareciera ser una opción válida para darse volumen político y fundamentalmente lograr gobernabilidad.
Sostener en el cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aparece como una decisión de alto costo reputacional para Milei.
Adorni es un actor central que ordena la conversación general en redes sociales, sólo detrás del presidente.
En una charla pública ya deteriorada, esa centralidad convierte su permanencia en un recordatorio constante de la crisis interna se sufre el gobierno.
Desde el punto de vista de la gestión de crisis, el peor escenario es aquel en el que el gobierno no logra cerrar el episodio ni resignificarlo.
De hecho, la gestión libertaria intentó obturar la crisis con la exposición desafiante de Manuel Adorni en el Congreso, en su presentación del informe de gestión.
La teoría situacional de comunicación de crisis, usada en estudios de reputación, diferencia entre negar, minimizar, reconstruir y dar respuestas de base.
La evidencia experimental muestra que las respuestas informativas -explicar qué pasó, cómo afecta al público y qué se hará para evitar repetición- pueden mitigar el deterioro reputacional, mientras que la ausencia de respuesta o el simple "recordatorio" de méritos previos puede empeorar la confianza y la percepción pública.
Si Manuel Adorni permanece sin una respuesta institucional robusta, el gobierno queda atrapado en una defensa de pertenencia.
Sirve para decir "no nos vencerán", pero no servirá para reconstruir confianza.
Y en un contexto de alta crispación de la conversación pública, con 59% de negatividad en abril, la "épica del aguante" puede terminar pareciéndose demasiado a la obstinación.
El ataque a la prensa que el gobierno sostiene y profundiza puede tener un rendimiento táctico en pleno despliegue del Adornigate: activa identidad, ordena enemigos, retiene conversación y disciplina al propio espacio.
Pero en un clima digital deteriorado, su efecto de gobernabilidad es regresivo.
La agresión abierta al periodismo no sólo suma conflicto: transforma una crisis de gestión en una crisis de legitimidad informativa.
La investigación sobre acusaciones de desinformación realizadas por políticos muestra que esas acusaciones pueden reducir la confianza general en los medios entre ciudadanos con actitudes populistas fuertes.
La clave es que el ataque no impacta sólo sobre un medio específico: puede derramar sobre la confianza en la institución periodística en general.
Tal vez es lo que busca el gobierno de Javier Milei, contrariando los manuales de buenas prácticas políticas.
Para el presidente, el problema es práctico: un gobierno que necesita reformas, negociación legislativa, tolerancia social al ajuste y credibilidad externa no puede vivir indefinidamente en guerra con todos los intermediarios de confianza.
La prensa puede ser incómoda; convertirla en enemigo permanente es pegarle al termómetro que, en realidad, es el medio que marca la fiebre, pero no explica la enfermedad que la causa.
Más allá de si Javier Milei debe abandonar o no su identidad política, la cuestión es si puede gobernar con la misma intensidad discursiva con la que construyó poder: los datos de abril sugieren que no le conviene.
La moderación, en este contexto, no implica volverse "tibio", sino separar la situación en tres planos:
En un contexto de negatividad en aumento, el gobierno debe bajar el volumen del conflicto identitario y subir la calidad de la explicación pública.
No es tan difícil, aunque resulte casi impracticable para el gobierno de La Libertad Avanza.
Según Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro "Cómo mueren las democracias", estos regímenes políticos no dependen sólo de reglas formales, sino también de normas informales como la tolerancia mutua y la contención institucional.
Cuando los rivales pasan a ser tratados como enemigos existenciales, aumenta la tentación de usar cualquier herramienta para bloquearlos o destruirlos.
Esta perspectiva aplica de lleno al problema argentino: la moderación discursiva no sería una concesión estética, sino un mecanismo de reducción de riesgo institucional.
En presidencialismos fragmentados, gobernar exige algo más que voluntad ejecutiva.
En ese sentido, Javier Milei entendió que trabar acuerdos con gobernadores aliados (cercanos o lejanos ideológicamente) le permite construir un interesante músculo político, con resultados parlamentarios.
Esta suerte de coalición ad hoc del gobierno libertario dio sus resultados en leyes clave como la reforma laboral, que fue aprobada (no sin sobresaltos) en el Congreso, pese a haber tenido fuertes resistencias en la sociedad.
El problema es si el caso Adorni (y más aún la imposibilidad de librase de sus efectos) no está poniendo en juego esos méritos acuerdistas del gobierno con distintos sectores políticos.
¿Será esa la razón por la cual Patricia Bullrich vienen exigiéndole al gobierno una solución concreta a la situación de Manuel Adorni, para atemperar los ánimos opositores que se blandean sobre futuros acuerdos parlamentarios?
La realpolitik expone a Javier Milei a una inevitable corrección de método: si necesita aprobar nuevas reformas, sostener el vínculo con los gobernadores, ordenar el Congreso y administrar conflictos sectoriales, debe ofrecer algún tipo de previsibilidad a los opositores más cercanos.
Esta concesión no implica cogobierno, pero sí forjar la interlocución, fijar reglas (más o menos) claras y establecer un mínimo de respeto público, en favor de la salud del debate público.
El escándalo explotó esta semana en el gabinete y forzó a Milei a sofocar planteos internos; la insólita frase del funcionario y por qué hoy el Presidente lo defiende más que Karina; la desconfiguración del nuevo diseño del poder.
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