Hay decisiones que desnudan más de lo que explican. Y lo que pasó con el paro de cuatro días en el fútbol argentino es una de esas escenas que dejan al descubierto cómo funcionan, todavía hoy, algunas lógicas de poder y la impunidad.

Mientras la Justicia avanza en una investigación por presunto lavado de dinero, administración fraudulenta y posibles maniobras de corrupción que involucran a dirigentes de peso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino, la respuesta de los clubes no fue pedir transparencia. No fue decir "que se investigue todo". No fue ponerse del lado de los hinchas. Fue decretar un paro.
Una reacción corporativa. Cerrarse. Blindarse.

La investigación judicial apunta a movimientos financieros bajo sospecha: transferencias poco claras, contratos con intermediarios, triangulaciones en pases de jugadores, ingresos por derechos televisivos y vínculos con empresas proveedoras. La lupa está puesta en cómo se manejaron fondos millonarios en los últimos años y si hubo desvíos o circuitos opacos. Y eso, en cualquier país serio, debería generar una sola respuesta: colaboración total. Pero no.

En el centro de la escena aparece Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, hombre fuerte del sistema y pieza clave en la estructura política del fútbol argentino. Tapia ha consolidado poder, ha ampliado su influencia y ha logrado sostenerse con amplio respaldo dirigencial. Ahora, frente a una investigación que roza el corazón de esa estructura, el mensaje que baja es un paro.

¿En serio la defensa institucional del fútbol es suspender partidos?

Lo más preocupante no es solo el gesto, sino lo que simboliza. Los dirigentes, en lugar de exigir claridad, auditorías externas, balances abiertos y rendición de cuentas, eligieron presionar. Como si la Justicia fuera el problema. Como si investigar fuera atacar al fútbol.

El fútbol no es propiedad de los dirigentes. Es de la gente. De los socios. De los hinchas que pagan su cuota, su entrada, el pack fútbol, la camiseta oficial. Cuando hay sospechas de lavado o corrupción, lo mínimo esperable es que los clubes se pongan del lado de la transparencia. Que digan: "Si alguien hizo algo indebido, que pague".

Un paro de cuatro días en este contexto no es una medida gremial. Es una señal política. Es cerrar filas frente a la investigación. Y eso, más que fortaleza, transmite miedo.

Porque si todo está en regla, ¿cuál es el problema con que la Justicia avance?

El fútbol argentino viene arrastrando décadas de manejos oscuros, internas de poder y estructuras poco claras. Cada vez que la Justicia se acerca, el sistema reacciona. Esta vez no fue la excepción.

Y mientras tanto, el hincha queda rehén. Sin partidos. Sin explicaciones claras. Sin una dirigencia que le diga la verdad.

El fútbol argentino merece competencia en la cancha, pero también reglas claras en los escritorios. Lo otro, sinceramente, es una vergüenza.