En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Gobierno cedió con modificaciones en el proyecto para que los gremios más influyentes de la CGT conserven su caja y el monopolio de la negociación; las razones de un pacto que surgió a fines del año pasado.
"Al proyecto no le vamos a tocar ni una coma", vociferó hace unos días Manuel Adorni en un pasillo de la Casa Rosada. Finalmente, el Gobierno aceptó 28 modificaciones en su iniciativa de "modernización laboral". Algo parecido sucedió con la Ley Bases, en 2024, cuando la Casa Rosada tuvo que resignar 42 de los 58 artículos previstos para lograr el aval de la oposición dialoguista en los ítems laborales.
Entre los cambios más salientes del proyecto que se discute hoy en el Senado surgen algunas concesiones a los reclamos de la CGT: conservar intactos los recursos de las obras sociales sindicales, sostener las cuotas solidarias y mantener a los empleadores como agentes de retención del pago de afiliación sindical. Es decir, la caja no se toca. Tampoco se alteraría el modelo sindical, la viga maestra sobre la que los gremios peronistas construyeron su poder. Si avanza el proyecto, las limitaciones al derecho a huelga y a las asambleas en los lugares de trabajo empujarán a la CGT tener el monopolio de la negociación con el Gobierno y los empresarios, y perderán los gremios más combativos. "Se quitaron los artículos que perjudicaban a los sindicatos y quedaron los que perjudican a los trabajadores", sintetizó Rodolfo Aguiar, dirigente estatal de ATE, en radio Con Vos.
"Los cambios no nos conforman y vamos a seguir negociando", dijo un jerárquico de la CGT. El sabor agridulce es porque temen que en el debate legislativo permanezca la intención de eliminar el concepto de ultraactividad de los convenios colectivos para allanar el camino a que prevalezcan los acuerdos por empresa por sobre los que pacte el gremio principal de la actividad, como sucede en la actualidad. Hay muchas compañías, sobre todo las multinacionales, que prefieren negociar con el sindicato principal de la actividad antes que con la comisión interna. En este punto, la CGT y la Unión Industrial muestran coincidencias.
La relación entre la gestión libertaria y los gremios peronistas estuvo guiada por la ambigüedad. Si bien la CGT activó su primer paro general a 45 días de la asunción de Milei para rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, con el que Javier Milei intentó con menos de un mes en el poder modificar la legislación laboral sin pasar por el Congreso, se abrió después una etapa de diálogo y entendimiento. Esta suerte de pacto alcanzó su cima cuando los diputados de La Libertad Avanza le quitaron su apoyo a la UCR y Pro para avanzar en el Congreso con los proyectos de ley que buscaban limitar el poder de los sindicatos. Radicales y macristas, hoy aliados al oficialismo, lo denunciaron tímidamente.
Con la presentación del proyecto de reforma laboral a fin de año, después del triunfo electoral de octubre, el Gobierno volvió a la carga con el contenido del DNU 70/23, cuyos cerebros del capítulo laboral, Federico Sturzenegger y el exTechint Miguel Ángel Punte, deberán estar hoy decepcionados al ver las concesiones al sindicalismo. Stuzenegger había dicho en una exposición reciente en Madrid que la intención era "desarticular" a los gremios y habló "de peajes" al referirse a los aportes solidarios, que se mantendrán igual hasta 2028, aunque con un tope de 2%.
El secretario de Trabajo, Julio Cordero,con los dirigentes sindicales Jorge Sola y Carlos Pérez
Al filo del fin de año, en medio de la negociación de la letra chica del proyecto de reforma laboral, hubo otro gesto del Gobierno a los gremios que pasó casi por debajo del radar. Con el aval de Santiago Caputo, el ministro de Salud, Mario Lugones, apeló a un fondo de emergencia para afrontar una deuda millonaria con las obras sociales sindicales en concepto de reintegros por tratamientos y medicamentos que suelen ser subsidiados. Se trata de un monto de $64.000 millones que desde noviembre y hasta la semana pasada la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) reparte entre las prestadoras médicas sindicales. Preventivamente, tal vez para blindarse en caso de un eventual reclamo, el jefe de la SSS, Claudio Stivelman, se hizo autorizar por escrito por Lugones para echar mano a $52.830 millones del Fondo de Emergencia y Asistencia, una caja creada por decreto durante la gestión de Cambiemos y cuya finalidad era para afrontar "situaciones de excepción" y "asistir financieramente ante desequilibrios temporales o coyunturales". Un exfuncionario de la SSS lo explicó así: "Vaciaron un fondo de emergencia para hacer frente a los gastos corrientes".
El apretón de manos por conservar intacta la caja de la salud se coronó con la eliminación del artículo que proponía la reducción del 6 al 5% del aporte a las obras sociales que deben hacer los empleadores.
"Hay temas que no se negocian: la ultraactividad, la prevalencia de convenios por empresa y el techo del aporte solidario", subrayó Gerardo Martínez en Infobae. En la misma entrevista, endulzó a Patricia Bullrich por su rol dialoguista con los gremios. El secretario general de la Uocra es uno de los sindicalistas más influyentes del país desde la década del 90 hasta la actualidad. Se sentó en la mesa de negociación con el menemismo, cuando se flexibilizaron convenios y se congelaron paritarias, y también estuvo durante la Alianza, cuando Fernando de la Rúa intentó avanzar con una reforma laboral similar a la de Milei, que se cayó por denuncias de pago de sobornos. Martínez integró el Consejo de Mayo y estuvo ahora en la negociación con funcionarios libertarios, gobernadores y legisladores. Tal vez su influencia sobre el triunvirato de mando de la CGT fue lo que frenó lo que se anticipaba como el cuarto paro general contra las políticas de Milei.
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La misiva lleva la firma del presidente Javier Milei.
