En los últimos días se habló bastante del proyecto que presentaron Rodolfo Suárez y Mariana Juri para prohibir las candidaturas testimoniales. Y la verdad, la idea suena más que razonable. Porque esas jugadas donde alguien se postula sabiendo que nunca va a asumir, solo para arrastrar votos o sostener un acuerdo político, son una de las tantas trampas que desvirtúan la voluntad popular.

Hasta ahí, todos de acuerdo. Pero claro. el problema aparece cuando el archivo se mete en la conversación.

Porque el propio Rodolfo Suárez llegó al Senado gracias a una maniobra que, sin ser exactamente igual, tiene ese mismo sabor. En 2021, mientras era gobernador, fue primer suplente en la lista que encabezaba Alfredo Cornejo. Cornejo, en ese momento, fue electo senador. Pero cuando decidió volver a pelear la gobernación, dejaba su banca vacante. y ahí apareció Suárez, quien pasó de la Casa de Gobierno al Senado de la Nación sin dejar de cobrar del Estado.
O sea, mientras uno terminaba su mandato provincial, el otro ya preparaba el cambio de sillón.

La realidad es que, más allá de tecnicismos legales o avales judiciales, hay un punto ético que no se puede ignorar. Porque está muy bien presentar proyectos que busquen mejorar la política, evitar abusos o darle más transparencia al sistema. Pero también hay que reconocer que las reglas que uno propone hoy no siempre las cumplió ayer.
Y eso, en la Argentina, suele pasar más de lo que debería.

Las candidaturas testimoniales son una forma de subestimar al votante. Le venden un candidato que saben que no va a estar, solo para sumar votos. Pero el votante ya no es tan ingenuo. Hoy la gente está más atenta, más desconfiada y más harta de que el "juego político" esté por encima de las convicciones.

Entonces, sí: el proyecto de Suárez y Juri es valioso, necesario y hasta saludable. Pero también obliga a mirar para atrás y asumir que en política, el ejemplo vale más que la firma. Si de verdad quieren mejorar el sistema, hay que empezar por reconocer los propios atajos del pasado.

Porque una ley puede poner límites, pero la coherencia es la que marca el respeto. Y si queremos una política más honesta, primero hay que resistir el archivo. Después, sí, cambiar las reglas. Porque de nada sirve prohibir las trampas si los que las inventaron siguen jugando la misma partida.