En la Argentina hay 5 millones de personas que trabajan en negro. Cinco millones, según el último informe del INDEC. No es una estimación ni una sospecha: es una realidad que salta a la vista en cualquier rincón del país. Gente que labura de sol a sol, que pone el cuerpo, que se rompe el lomo, pero que no tiene un recibo de sueldo, no tiene obra social, no tiene aportes jubilatorios, y si un día se enferma o lo echan, queda a la buena de Dios.

Lo más grave es que no estamos hablando sólo de changas. Estamos hablando de casi la mitad de los asalariados. En el cuarto trimestre de 2024, el 45,3% de los trabajadores en relación de dependencia estaba en situación informal. Y esto no es nuevo, viene pasando hace años, pero parece que a muchos les conviene mirar para otro lado. Sobre todo a algunos gremialistas que supuestamente defienden a los trabajadores, pero que se la pasan organizando paros y marchas mientras millones de laburantes están fuera del sistema. ¿No sería hora de que la CGT y compañía se preocupen también por los que ni siquiera tienen la chance de discutir una paritaria?

Encima, cuando el gobierno nacional propuso una reforma laboral -con puntos que apuntaban a facilitar contrataciones, eliminar trabas absurdas y modernizar las relaciones laborales- la discusión quedó diluida en el Congreso por la presión del kirchnerismo y el sindicalismo más rancio, ese que vive del modelo de hace 50 años y no quiere ceder un centímetro de poder. Prefieren que nada cambie, aunque eso implique que millones sigan trabajando sin derechos.

Y no es que los empleadores no quieran registrar a sus empleados. Muchos no pueden. Contratar a alguien en blanco en Argentina es carísimo. Entre cargas sociales, seguros, ART, indemnizaciones y todo el laberinto legal que hay, el costo laboral total puede duplicar el sueldo de bolsillo del trabajador. Así no hay pyme que aguante. Para que te des una idea: en Argentina, el costo no salarial representa más del 30% del total, mientras que en países como Chile o Uruguay ronda el 15 al 20%. En España, con todo lo rígido que es el sistema, también es más bajo que acá. ¿Quién va a tomar gente así?

Se necesita una mirada más seria, más creativa. Menos slogans y más propuestas. Incentivos reales para registrar, alivios fiscales para quienes contratan, y capacitación para los que hoy sólo pueden aspirar a un empleo precario. Pero también voluntad política y coraje para cortar con las mafias que viven del desorden y de la necesidad ajena.

La informalidad laboral no es sólo un problema del que la sufre. Es un drama social que nos arrastra a todos. Porque sin aportes no hay jubilaciones, y sin nuevos aportantes el sistema previsional se cae a pedazos. Hoy tenés más de 7 millones de jubilados, muchos sin aportes reales, cobrando la mínima, y un mercado laboral en el que la mitad está fuera del sistema. ¿Así cómo querés sostener algo digno para la vejez?

Mientras tanto, seguimos con un país donde millones trabajan, pero no existen. Donde el esfuerzo no se traduce en derechos. Y donde los que deberían dar el ejemplo, prefieren seguir haciendo negocios con la decadencia.