Un fallo de 1500 páginas, 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua. A simple vista suena a un triunfo de la justicia contra la corrupción, pero cuando se analiza en profundidad, la realidad es que esto tiene un sabor amargo. Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y figura que sigue pesando en la política argentina, ha sido condenada por administración fraudulenta en el escandaloso caso de las obras públicas en Santa Cruz, con Lázaro Báez como principal beneficiario. Pero, ¿es suficiente? Para muchos, no.
La Fiscalía no se conforma y apelará para que Cristina sea condenada también por asociación ilícita. En otras palabras, buscan que se reconozca que ella no solo era parte, sino la jefa de una organización criminal, un aparato montado para desviar fondos y enriquecerse a costa del país. Las pruebas, por si quedaba alguna duda, están ahí. Mensajes de WhatsApp, cuentas bancarias sospechosas, propiedades -sí, más de 415 mil hectáreas acumuladas por Báez desde que dejó de ser cajero para pasar a ser empresario de la construcción. Qué conveniente, ¿no? Casi como si estuviera todo armado para que él y los Kirchner amasaran fortunas mientras Argentina se desmoronaba.
El fallo de Casación ahora pasará a la Corte Suprema, y todos sabemos lo que eso significa: más tiempo, más apelaciones, más vueltas. Cristina sigue sin ir presa, sigue apareciendo en actos y discursos como si nada hubiera pasado, y hasta se compara con una mujer golpeada. Eso no es solo una falta de respeto hacia las mujeres que sufren violencia; es un intento descarado de desviar la atención de su responsabilidad. Señora, aquí no se trata de un ataque, sino de toneladas de pruebas en su contra, expedientes que demuestran irregularidades en licitaciones, obras que se cobraron pero jamás se realizaron.
Mientras Cristina y sus hijos viven en la abundancia, miles de chicos en este país se van a dormir sin un plato de comida. La situación de Argentina no es casualidad ni mala suerte; es el resultado de una política en la que los recursos del Estado se usaron para enriquecer a unos pocos y condenar a muchos a la pobreza.
La justicia ha hecho un intento, pero el pueblo argentino no puede conformarse con menos que la verdad completa y el castigo total. Porque no solo queremos verla tras las rejas; queremos que devuelvan lo que robaron. Porque sin eso, no habrá verdadera justicia, y quedará la sensación de que, una vez más, el poder pudo más que la ley.