En Perú, la condena de Alejandro Toledo a 20 años de prisión por corrupción marca un hito que, desde Argentina, parece un espejismo. Allá, exmandatarios como Toledo, Fujimori, o incluso Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido, se enfrentaron a la justicia de manera firme. Acá, parece que los presidentes tienen una inmunidad invisible. Ni Menem, ni Néstor, ni Cristina Kirchner, ni Mauricio Macri, ni muchos de sus funcionarios a pesar de las múltiples acusaciones, terminaron presos o con condenas definitivas.

En Argentina, la corrupción parece tener otro ritmo. Se investigan años, se dictan sentencias que parecen más simbólicas que efectivas, y siempre hay una instancia más, un recurso pendiente, una apelación interminable. El sistema judicial, con su lentitud y su permisividad, parece estar más al servicio de los poderosos que del pueblo.

Mientras Perú muestra que sus instituciones, a pesar de su crisis, tienen la capacidad de condenar a quienes manchan el país con corrupción, en Argentina siguen esperando. Toledo es el primer expresidente en recibir una sentencia firme por Odebrecht, un caso que en Argentina salpicó a muchos, pero que no se tradujo en resultados tan contundentes.

No es solamente castigar a los corruptos. Las condenas tienen un significado más grande o un fin superior. Es el respeto al pueblo, a la confianza. Es el plato de comida que no recibió un niño desnutrido, la atención a tiempo en un hospital, la casa para una familia, y cuántos casos más que no tienen atención porque la corrupción del poder los robó.

Es difícil no preguntarse: ¿qué falta acá? ¿Faltan jueces valientes, falta independencia del poder político, o es que el sistema está tan podrido que las sentencias son solo papel mojado? Mientras seguimos viendo cómo otros países de la región, como Perú, enfrentan con dureza a sus exmandatarios, en Argentina parece que seguimos dándoles inmunidad eterna. Y así, la justicia para la corrupción en los más altos niveles sigue siendo un ideal lejano.