Entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó al espacio liderado por el polémico piquetero unos $20 millones. El juez Casanello investiga defraudación al Estado.
La Justicia avanza en la investigación contra el Polo Obrero por presunta defraudación del Estado Nacional. Concretamente, investigan si esa agrupación defraudó en millones de pesos al desviar parte de la plata que recibía en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo a dos empresas que hacían facturas truchas.
Las firmas en la mira son la imprenta Rumbos S.A. y Coxtex SRL, a las que el Polo Obrero desvió $25 millones entre 2020 y 2023. Los investigadores creen que parte de ese dinero tenía como objetivo final financiar al propio Partido Obrero, que compite en las elecciones dentro del Frente de Izquierda, que tiene entre sus referentes a Gabriel Solano y Romina Del Plá.
Según información que el juez federal Sebastián Casanello recibió de la Cámara Nacional Electoral (CNE), el Partido Obrero recibió entre 2020 y 2023, $18 millones de aportes que hizo la firma Rumbos S.A., fundada en 2017 por Christian “El Colo” Rath, un exdirigente del partido que murió tiempo atrás, y Roberto Adrián Albornoz, que fue citado a indagatoria para el próximo 25 de junio.
Para los investigadores, los números cierran: entre 2020 y 2023, la imprenta Rumbos le facturó a la Asociación Civil Polo Obrero -cuyo titular es Eduardo Belliboni- unos $20 millones. En ese mismo período de tiempo, esta firma le hizo aportes electorales e institucionales al Partido Obrero por $18 millones.
Ahora la Justicia tendrá que comprobar si esos aportes se hicieron a través de una maniobra de defraudación al Estado Nacional, es decir, con la plata que el exMinisterio de Desarrollo Social le enviaba al movimiento para que comprara herramientas de trabajo de los beneficiarios, ropa y otros elementos que debían utilizar los beneficiarios de la iniciativa.
La Asociación Civil Polo Obrero en su condición de unidad de gestión del Potenciar Trabajo debía garantizar las condiciones de trabajo para los beneficiarios del programa. En esos años recibió $360 millones del Estado Nacional a través de distintos convenios, de los que según información que Capital Humano le entregó a la Justicia solo se rindieron $113 millones. Hay una especie de caja negra de $247 millones que nadie sabe muy bien para qué se usaron, tal como adelantó este medio.