El Ejecutivo nacional mandó cuatro proyectos para que sean debatidos en los próximos días. Entre ellos se encuentra una nueva Ley Antimafias y la incorporación del concepto de "reiterancia" para reducir los delitos.
El Gobierno envió al Congreso este martes una reforma integral de leyes para abordar el crimen organizado en la Argentina.
El conjunto de herramientas normativas incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de "reiterancia" y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.
La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. "La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero", graficó Bullrich cuando presentó en marzo el proyecto en Casa Rosada.
Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves, según informaron desde el Gobierno en un comunicado:
En este punto, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del "Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal", en el ámbito del Ministerio de Seguridad. De esta manera, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales.
Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia.
Considerando que en muchas oportunidades los efectivos de las fuerzas de seguridad se vieron inhibidos de actuar ante la posibilidad de resultar imputados, señalan desde el Gobierno, el proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos: pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques y en el resguardo legal dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera.
"Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo", indican los fundamentos del proyecto.
Además, se amplía el marco legal vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su casa, situación que exigía que esto se hubiera producido solo durante la noche, ahora se extendería a cualquier hora del día y no solo en el domicilio, sino también en el trabajo, como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.
Fuente: TN