“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”, señaló la jueza Loretta Preska.
Este jueves hubo novedades, y no positivas, respecto al megajuicio por la expropiación de YPF. La Justicia de Estados Unidos rechazó el pedido de la Argentina para presentar la garantía.
Cabe recordar que el Gobierno Nacional tiene tiempo hasta el 10 de enero para pagar US$16.000 millones. Caso contrario, comenzará a correr los pedidos de embargo.
Fue la jueza Loretta Preska quien condenó al país a pagar la millonaria multa y le había dado tiempo al país hasta el 10 de enero para concretar el depósito de acciones de la petrolera por el monto total de la sentencia.
Esta semana, los abogados del país solicitaron la suspensión o la extensión por otros 90 días de esa obligación.
“Por las condiciones económicas muy difíciles y la necesidad de implementar reformas urgentes, la Argentina no está en condiciones de comprometer activos como depósito de garantía por US$16.000 millones”, decía el escrito, que asegura que ese monto representa 32% del Presupuesto 2023, a la cotización oficial.
El Estado argentino fue condenado este año a pagar USD 16.000 millones. La nueva administración local aseguró que podría privatizar la petrolera que Cristina Kirchner renacionalizó en 2012.
“Circunstancias excepcionales justifican retrasar hasta el 22 de febrero -y no el 23 de enero- el plazo para los argumentos de la apelación” ante el tribunal neoyorquino, indica el escrito elevado ante la jueza de primera instancia.
Además remarcaron la necesidad de la gestión de Javier Milei conocer los detalles de la demanda, del proceso de apelación y las alternativas que se le presentan, con lo que no podrá cumplir con el plazo de fines de enero para presentar sus primeros argumentos.
Sin embargo, la magistrada denegó el pedido: “El 26 de octubre la demandada República Argentina solicitó, de conformidad con la Norma Federal de Procedimiento Civil, suspender la ejecución de la sentencia definitiva pendiente de $16.1 mil millones y apelarla sin fianza o imponer una sentencia provisional. Ahora la República vuelve a escribir para decir que no puede cumplir con los plazos ampliados que solicitó. Pero esta vez la República busca una renuncia total a las condiciones de estadía o una prórroga adicional de 90 días. Por múltiples razones se desestima la moción”.
“Si este juicio es tan crítico como lo representa la República, uno pensaría que el nuevo Gobierno le prestaría atención inmediata”,sentenció Preska.