Este domingo se cumple un nuevo aniversario de la tragedia ocurrida en el Atlántico Sur que costó la vida de 44 tripulantes. El proceso judicial de primera instancia concluyó recientemente con la condena a tres años de ejecución condicional para el excomandante Claudio Javier Villamide y la absolución de los demás imputados, mientras el reclamo de justicia continúa.
A nueve años exactos de la desaparición del submarino ARA San Juan -ocurrida el 15 de noviembre de 2017-, la herida sigue abierta para los familiares de los 44 tripulantes y para toda la sociedad argentina. La fecha conmemorativa encuentra al caso atravesado por el fallo judicial dictado el pasado 8 de julio de 2026 por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, una sentencia de primera instancia que dejó sabor a poco para gran parte de los querellantes.
El tribunal, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez (con Guillermo Quadrini como suplente), condenó a Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, a tres años de prisión de ejecución condicional. Fue encontrado penalmente responsable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte, sumando además inhabilitación especial para ejercer cargos públicos y reglas de conducta.
En contraste, el tribunal dispuso la absolución por unanimidad de los otros tres altos mandos que llegaron al juicio: el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, el excapitán de navío Héctor Aníbal Alonso y el excapitán de fragata Hugo Miguel Correa. Mientras las querellas avanzan con recursos de apelación para revertir las absoluciones y buscar mayores responsabilidades, el fallo principal cerró una etapa marcada por los testimonios desgarradores de los allegados a las víctimas.
Durante las audiencias del debate oral, las voces de las familias volvieron a poner el foco en el estado operativo de la nave antes de su última misión.
"Ellos no salieron a morir, salieron a trabajar", declaró Susana Vizcarra, esposa del Suboficial Primero Walter Germán Real, al recordar que su marido le había advertido que "había que figurar que navegaban" pese a que la unidad no estaba en óptimas condiciones.
En la misma línea, Esther Rojas, madre del Cabo Principal Luis Alberto Niz, lamentó que a su hijo "le arrebataron la vida cuando mandaron a navegar un submarino que no estaba en condiciones".
Jésica Gopar, viuda del Cabo Principal Fernando Gabriel Santilli, resumió el impacto emocional con una frase que conmovió al recinto: "No es solo la pérdida de un familiar, es la vida que se te rompe".
Uno de los elementos centrales incorporados al expediente fue el acta de la reunión del Consejo Asesor del Arma Submarina, celebrada el 30 de abril de 2017 en Mar del Plata. En aquel cónclave -encabezado por el entonces inspector del Arma Submarina, Gabriel Attis, y respaldado por la firma de 14 capitanes de navío-, el comandante del ARA San Juan, Pedro Martín Fernández, había detallado una serie de alarmantes deficiencias tras la reparación de media vida.
Entre las fallas enumeradas figuraban problemas en el sistema de refrigeración de agua de mar, pérdidas hidráulicas, filtraciones de aire, detectores de gases fuera de servicio, ruidos en la línea de eje y filtraciones entre un tanque de combustible y el de baterías. Si bien el submarino acumulaba 39 meses sin el mantenimiento preventivo previsto y se operaba bajo estrictas restricciones (como una profundidad máxima permitida de 100 metros), el Consejo recomendó tramitar de manera "imperiosa" el ingreso a dique seco para el primer semestre de 2018, un tiempo que la nave nunca llegó a alcanzar.
A nueve años del hallazgo de los restos -localizados en noviembre de 2018 a unos 900 metros de profundidad-, el aniversario de este domingo vuelve a congregar el recuerdo ineludible de los 44 marinos y la persistente demanda de respuestas definitivas sobre las responsabilidades institucionales y políticas detrás de la peor tragedia naval de la historia argentina en tiempos de democracia.