En busca de la verdad
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La medida es por los delitos de lavado dinero y asociación ilícita, además de acusaciones de evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social
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La Justicia avanza en la investigación contra Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas y vinculado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. La fiscal federal de Lomas de Zamora, Cecilia Incardona, solicitó su procesamiento con prisión preventiva por presunto lavado de dinero y asociación ilícita, en una causa que también investiga maniobras de evasión tributaria, intermediación financiera ilegal y apropiación indebida de recursos de la seguridad social.
El pedido fue presentado ante el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien deberá resolver la situación procesal del empresario, actualmente detenido. La acusación sostiene que Vallejo habría organizado una estructura de sociedades destinada a introducir fondos de procedencia irregular en el circuito económico formal.
Según la investigación, entre 2020 y 2025 el financista habría desarrollado una red empresarial que operaba de manera coordinada para administrar y transferir dinero de origen presuntamente ilícito.
En su presentación, Incardona señaló que Vallejo "construyó, entre 2020 y 2025, un conjunto de sociedades que funcionó como una sola caja" para transformar fondos provenientes de operaciones cambiarias irregulares, intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional y actividades vinculadas con el juego clandestino en patrimonio de apariencia legal.
La investigación judicial ubica el comienzo de las operaciones en Centro de Inversiones Concordia SRL, una agencia de cambio que Vallejo administraba junto con su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y Silvia Torrado.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, las ganancias obtenidas mediante presuntas infracciones al Régimen Penal Cambiario habrían servido para financiar la creación de Sur Finanzas Group SA y adquirir su sede central.
Posteriormente, cuando la agencia recibió sanciones y solicitó dejar de operar como casa de cambio, los fondos habrían sido trasladados hacia cuentas personales del empresario y de su madre.
Desde esas cuentas, el dinero habría circulado hacia otras sociedades del mismo grupo económico, depósitos a plazo fijo y operaciones de adquisición de bienes.
Para la fiscalía, estos movimientos formaban parte de un mecanismo destinado a dificultar el seguimiento de los recursos y justificar su incorporación al patrimonio de las empresas investigadas.
La pesquisa también incluye operaciones mediante billeteras virtuales, préstamos y descuentos de cheques. Los investigadores buscan determinar si esos mecanismos permitieron canalizar fondos provenientes de actividades financieras no autorizadas y de una organización relacionada con apuestas clandestinas.
El requerimiento fiscal no se limita a Ariel Vallejo. La investigación alcanza a otras personas de su entorno familiar y empresarial, además de seis sociedades vinculadas con las operaciones bajo sospecha.
Entre los señalados aparecen su madre, Graciela Beatriz Vallejo; el contador del grupo, Gerardo Salvador Carrozza; las hermanas María Fernanda y Bárbara Denise Sena Argis; y Maite Sofía Lorenzo, pareja del financista.
Las empresas mencionadas en la presentación judicial son Sur Finanzas Group SA, Sur Finanzas PSP SA, anteriormente denominada Neblockchain SA, Centro de Inversiones Concordia SRL, Cluster Palace Beach SA, Roma Inversiones SA y Gestiones San Miguel SA.
El Ministerio Público Fiscal también solicitó medidas patrimoniales contra los imputados, en el marco de la investigación sobre el destino del dinero y los bienes adquiridos durante el período investigado.
El caso adquirió relevancia por las relaciones comerciales que Sur Finanzas mantuvo con distintos clubes y su cercanía con las autoridades de la AFA.
La empresa de Vallejo se desempeñó como patrocinadora de instituciones del fútbol argentino y estuvo vinculada con operaciones financieras realizadas con algunos equipos.
Entre los clubes mencionados en la investigación figuran Argentinos Juniors, San Lorenzo y Banfield, por préstamos y descuentos de cheques que la fiscalía analiza para determinar si existió intermediación financiera sin autorización.
La aparición de estas instituciones en el expediente no significa que sus autoridades hayan sido acusadas de participar en los delitos atribuidos al financista.
Por otra parte, la relación de Vallejo con Claudio "Chiqui" Tapia colocó el caso bajo la atención del ámbito futbolístico, aunque el vínculo personal o comercial entre ambos no constituye por sí mismo una prueba de responsabilidad penal del presidente de la AFA.
El expediente permanece en manos del juez Rodríguez Ponte, quien deberá evaluar los elementos reunidos por la fiscalía y determinar si corresponde dictar el procesamiento y mantener la prisión preventiva solicitada para Vallej
