En busca de la verdad
En busca de la verdad
El sector busca que el debate regulatorio se concentre en las plataformas ilegales y rechaza nuevas exigencias para las firmas habilitadas, mientras avanza la disputa legislativa por los proyectos en análisis.
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La regulación de las apuestas online en Argentina volvió a generar tensiones entre las empresas del sector y el Congreso. Las plataformas que cuentan con autorización para operar buscan influir en el debate legislativo para evitar nuevas restricciones sobre su actividad y conseguir que las medidas más severas se dirijan exclusivamente contra el mercado ilegal.
La discusión gira en torno a dos modelos diferentes: establecer mayores exigencias para todas las compañías vinculadas al juego digital o concentrar los controles sobre aquellas que funcionan sin habilitación.
Las empresas argumentan que imponer nuevas obligaciones a los operadores registrados podría perjudicar al mercado formal, mientras que las plataformas clandestinas continuarían funcionando al margen de cualquier regulación.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo contempla sanciones penales para quienes administren sitios de apuestas sin autorización y también para aquellos que faciliten servicios destinados a sostener esas operaciones.
Entre las herramientas previstas aparecen el bloqueo de páginas web y las restricciones a las operaciones financieras de las plataformas que no cuenten con licencia.
La iniciativa también incorpora medidas para proteger a niños y adolescentes frente al acceso a las apuestas digitales, especialmente mediante restricciones a la publicidad dirigida a menores de edad.
Sin embargo, a diferencia del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados en 2024, la propuesta oficial no establece una prohibición general de los anuncios publicitarios ni de los acuerdos de patrocinio entre empresas de apuestas y entidades deportivas.
La iniciativa que obtuvo media sanción en Diputados plantea un esquema más amplio de controles, que incluye limitaciones a la promoción comercial, mecanismos de verificación de identidad, sistemas de autoexclusión para usuarios y restricciones sobre determinadas modalidades de pago.
Según publicó El Cronista, dentro del oficialismo reconocen que uno de los mayores obstáculos para regular las apuestas digitales es la elevada presencia de operadores que funcionan fuera del sistema autorizado.
En ese contexto, se mencionó que aproximadamente el 85% de la actividad correspondería al mercado informal, aunque se trata de una estimación cuya metodología y alcance no fueron verificados.
Este escenario es utilizado por las compañías habilitadas para sostener que el Congreso debería priorizar la persecución de los sitios clandestinos, en lugar de sumar requisitos que podrían aumentar los costos de las empresas que cumplen con las regulaciones vigentes.
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