Un caso de conmoción e impacto público sacude a la localidad chubutense de Esquel, donde un bioquímico de 71 años, identificado como Miguel Edgardo Battista, fue detenido y procesado por la Justicia tras descubrirse que mantenía a su esposa y a sus tres hijos en situación de aislamiento absoluto dentro de una vivienda. 

La investigación judicial se puso en marcha a raíz de la denuncia de una vecina de un barrio de clase media, quien advirtió sobre situaciones extrañas como gritos nocturnos, ventanas permanentemente cubiertas con telas o papeles y la absoluta falta de visibilidad de los hijos en la vía pública, lo que dio el puntapié inicial para la intervención de las fiscalías y el posterior allanamiento de urgencia. 

A raíz de la intervención interinstitucional que incluyó a la Policía, Salud Mental y el Servicio de Protección de Derechos, las autoridades constataron un severo cuadro de vulnerabilidad, encontrando a la madre en un estado delicado de salud con una grave enfermedad avanzada que motivó su urgente internación hospitalaria, mientras que los jóvenes -de 13, 17 y 19 años- y la mujer comenzaron a recibir asistencia médica, psiquiátrica y psicológica, quedando además bajo la lupa de los investigadores aspectos centrales como el grado de escolarización de los menores y las condiciones habitacionales en las que subsistían. 

Tras la conmoción inicial, el abogado defensor Daniel Sandoval intentó justificar la conducta del acusado al señalar ante los medios que el hombre niega los hechos y considera que todo formaba parte de "una forma de ver la vida, de mantenerse a resguardo de cualquier embate", argumentando además que la justicia penal no puede reprochar una dinámica familiar que, según su óptica, era aceptada por todos y donde tres adolescentes supuestamente no habrían podido ser doblegados por un anciano de 71 años. 

Sin embargo, para la Justicia el escenario es radicalmente distinto, ya que las funcionarias del Ministerio Público Fiscal, Cecilia Bagnato y Mónica Caveri, explicaron en conferencia de prensa que la investigación se originó tras el informe del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), al cual el propio Battista le impidió el ingreso al domicilio de manera rotunda al advertir un riesgo inminente, configurando así una causa caratulada por privación de la ilegítima libertad y abandono de persona, a la que se suman antecedentes llamativos del imputado como la difusión mediática durante la pandemia de un supuesto jarabe a base de alfalfa contra el Covid-19 y diversas deudas financieras, mientras el acusado permanece detenido preventivamente por un plazo inicial de diez días a la espera de nuevas medidas de prueba que determinen las responsabilidades penales detrás de la denominada "casa del horror" en la cordillera chubutense.