Tras una jornada de tensión frente al Congreso que se extendió por más de tres horas, el saldo dejó 25 detenidos y ocho efectivos heridos. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, advirtió que los responsables "deberán responder ante la Justicia".
La tensión escaló este jueves en las inmediaciones del Congreso Nacional durante la movilización en el marco de la Marcha Federal Universitaria. Los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad se extendieron por más de tres horas, dejando un saldo de 25 personas detenidas y ocho efectivos heridos.
Ante estos hechos, el Gobierno nacional anunció que presentará denuncias penales contra los agresores.Los incidentes se desataron en medio de la masiva convocatoria que reunió a estudiantes, docentes y organizaciones sociales.
La intervención policial, que incluyó el uso de gases y camiones hidrantes para disuadir los focos de conflicto, generó momentos de máxima tensión en el espacio público y daños materiales en la zona. Como consecuencia del operativo y los choques, un total de ocho agentes de distintas fuerzas federales resultaron lesionados.
Hay un gran operativo policial para contener la movilización de estudiantes, gremios y organizaciones sociales. Los oficiales utilizaron el camión hidrante y gases lacrimógenos para dispersar la protesta.
La respuesta del Ejecutivo no tardó en llegar. A través de un enfático mensaje difundido en sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, condenó los episodios de violencia y apuntó directamente contra los sectores que protagonizaron los desmanes.
"Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada", expresó la funcionaria, quien añadió que "el derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia".
En la misma línea, Monteoliva confirmó que se llevarán adelante las acciones legales correspondientes frente a los desmanes registrados: "Quienes agredan a nuestros efectivos, destruyan bienes públicos o cometan delitos deberán responder ante la Justicia", afirmó, cerrando con una advertencia categórica: "En Argentina, nadie está por encima de la ley".