En busca de la verdad
En busca de la verdad
El Ministerio de Defensa ordenó el apartamiento de diez efectivos navales involucrados en una estafa de casi 1.000 millones de pesos. La maniobra consistía en desviar pagos bloqueados hacia cuentas de familiares y terceros.
La conducción de la Armada Argentina dispuso el apartamiento inmediato de diez militares implicados en una grave trama de corrupción detectada en el sistema de liquidación de sueldos de la fuerza. La decisión fue ejecutada por el jefe del Estado Mayor General, almirante Juan Carlos Romay, tras una orden directa del ministro de Defensa, Carlos Presti. En paralelo al proceso disciplinario que podría culminar con la destitución de los involucrados, la Justicia Federal ya investiga un desfalco histórico que alcanza los $981.148.567,88.
La investigación interna iniciada por la propia Armada logró reconstruir un universo de 23 beneficiarios, integrado por diez efectivos militares y trece civiles sin relación laboral con la institución. Ante la gravedad de los hechos, el 15 de septiembre la cúpula naval formalizó una denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos, para que determine las responsabilidades penales de la red de desvíos, mientras que internamente se abrió un sumario por faltas gravísimas que garantiza el derecho a defensa pero apunta a la máxima sanción militar.
El mecanismo fraudulento operó de manera sistemática entre julio de 2022 y enero de 2026, logrando camuflarse dentro de las más de 24.000 liquidaciones mensuales que emite la fuerza. Según las auditorías, los responsables aprovechaban la ventana de tiempo que existe entre el cierre de la liquidación y el envío del archivo definitivo al Banco Nación.
La maniobra consistía en interceptar los pagos bloqueados correspondientes a efectivos dados de baja, retirados o fallecidos, antes de que esos fondos fueran devueltos a la Tesorería General de la Nación. Ese dinero remanente era redirigido mediante alteraciones manuales hacia las cuentas de los involucrados. Para evitar ser detectados, una vez confeccionado el archivo bancario, los registros eran restituidos a sus valores originales en el sistema informático interno, borrando así el rastro de la transferencia fraudulenta.
El principal apuntado por la auditoría administrativa es el entonces jefe del Departamento Revista, el capitán de Navío Contador Ariel Baltasar Atanasoff. Las pruebas recabadas indican que Atanasoff ejecutaba personalmente las operaciones y definía los importes. De hecho, el mayor volumen de dinero desviado hacia civiles terminó en la cuenta de su propia esposa, María del Carmen Prieto, quien recibió 46 acreditaciones por un total superior a los 152 millones de pesos. En total, las transferencias a personas externas a la Armada representaron el 44,25% del fraude.
Las primeras alarmas sonaron en febrero de 2026, cuando los nuevos controles cruzados detectaron irregularidades menores. Si bien algunos capitanes de corbeta involucrados optaron por restituir los fondos percibidos indebidamente al ser descubiertos, devolviendo más de 42 millones de pesos al Estado, la Armada aclaró que esta acción no borra el delito original ni modifica el volumen histórico del desfalco denunciado.
Con los diez militares ya relevados de sus funciones y la instrucción disciplinaria en marcha bajo el mando de un abogado militar, el proceso avanza por dos carriles separados. Por un lado, la fuerza busca depurar sus filas y proteger el prestigio institucional mediante las eventuales expulsiones. Por el otro, el expediente en los tribunales federales deberá evaluar la vasta documentación bancaria e informática aportada para enviar a los responsables a prisión.
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