La Fiscalía Federal a cargo de Gerardo Pollicita resolvió dar impulso formal a la investigación penal iniciada contra el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y titular del CEAMSE, Claudio "Chiqui" Tapia, por presunto enriquecimiento ilícito. En su dictamen, el fiscal solicitó al titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 4, Ariel Lijo, que decrete el levantamiento del secreto fiscal y bancario sobre el dirigente, con el fin de reunir la documentación respaldatoria que permita reconstruir con precisión su estado patrimonial integral durante el lapso temporal comprendido entre 2017 y 2024.

La requisitoria del Ministerio Público no se limita al circuito financiero convencional, sino que alcanza también a las cláusulas de confidencialidad establecidas por la Ley de Mercado de Capitales y el régimen preventivo de la Unidad de Información Financiera (UIF), haciéndose extensiva a terceros vinculados sobre los que resulte indispensable requerir peritajes contables. Según plasmó el fiscal en su presentación, los hechos denunciados imponen la adopción de medidas que traen aparejadas la necesidad de levantar los respectivos secretos, por considerarlas necesarias y proporcionadas respecto al cuadro bajo examen. Si bien la disposición marca el inicio de una pesquisa técnica formal en el fuero federal, no constituye por sí misma una imputación indagatoria ni motivó órdenes de allanamiento, estando centrada en la recopilación documental de ingresos, consumos y titularidad registral.

El origen del expediente y la evolución de los bienes declarados

El caso judicial tuvo su origen en una denuncia penal promovida en abril por el empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven, quien sostiene un extenso litigio comercial con la cúpula de la AFA tras la rescisión del contrato de organización de los partidos amistosos de la Selección Nacional. El escrito acusador sostiene que el dirigente registró un crecimiento patrimonial superior al 1000% mientras cumplía funciones directivas dentro del CEAMSE, entidad interjurisdiccional a la que ingresó como vicepresidente en 2014 y cuya presidencia asumió en 2024 bajo designación del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

De acuerdo con el cotejo de las declaraciones juradas incorporadas al expediente, en 2017 Tapia había manifestado cuatro inmuebles con una cotización fiscal conjunta de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. En contraposición, en su presentación patrimonial del ejercicio 2024 reportó más de $1.002 millones en depósitos bancarios, más de $39 millones en efectivo y tenencias por USD 246.206 en una caja de ahorro.

La justificación de ingresos y la competencia en Comodoro Py

El eje neurálgico de la labor fiscal radicará en determinar si la evolución de las adquisiciones y el estilo de vida del funcionario encuentran correlato con los salarios percibidos a lo largo del período bajo sospecha. Según los registros documentales, Tapia reportó remuneraciones anuales por $100.233.144 por su rol al frente de la empresa de gestión de residuos del AMBA y $718.536.500 como vicepresidente de la Conmebol, mientras que la presidencia de la AFA reviste estatus formal ad honorem.

La causa debió dirimir previamente un planteo sobre su radicación física tras haber iniciado su recorrido procesal en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py zanjó la controversia de jurisdicción al dictaminar que la naturaleza pública e interestatal del CEAMSE -integrado de manera conjunta por los Estados de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires- imponía la intervención exclusiva de los tribunales federales, quedando la definición de las medidas de prueba en manos del magistrado Lijo.